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CIUDAD DE MÉXICO, 8 de noviembre de 2016.- La defensa de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, busca tener más tiempo para evitar la extradición del líder del Cártel de Sinaloa tras presentar esta tarde dos recursos de revisión contra los fallos que negaron su amparo.
De acuerdo con el abogado José Refugio Rodríguez, la reforma en materia de derechos humanos del 2011 prácticamente equipara un proceso de extradición con un juicio en materia penal, por lo que ahora se deben respetar todos los derechos humanos y garantías que tiene un imputado al momento de conceder su entrega a un país extranjero.
Bajo este argumento, el cuerpo de abogados solicitará de manera formal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revise las jurisprudencias más importantes que están vinculadas con la extradición de una persona.
Sobre todo al tomar en cuenta que las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, aprobados en junio de 2011, la actual interpretación de la Ley de Extradición y los tratados firmados por México con Estados Unidos en la materia, ya no cumplen con los nuevos estándares legales que exige el debido proceso.
“Los requisitos que establece el tratado de extradición para concederle son verdaderas garantías judiciales del debido proceso de extradición de igual naturaleza a las del artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Por ello, están al nivel de los derechos humanos y garantías plasmadas en los primeros 29 artículos constitucionales que obligan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a realizar un nuevo replanteamiento sobre los criterios jurisprudenciales en materia de extradición”, señala el recurso que presentaron los abogados.
Derivado de este punto, la defensa de Guzmán Loera cuestiona que ninguna de las solicitudes formales de extradición cuente con todos los requisitos contemplados en las leyes y tratados en la materia, entre ellas, la obligación de que sólo el embajador o un encargado de Negocios pueden firmar las solicitudes formales de extradición.
Además, la defensa impugna que los diplomáticos que firmaron ambos documentos, no hayan acreditado su calidad diplomática presentando documentos que avalen sus respectivos nombramientos.
“La solicitud de extradición de California la firmó Marjorie Ruth Philips, Ministra Consejera de Asuntos Administrativos de la Misión de los Estados Unidos de América, quien al no ser Encargada de Negocios ad interim, no tenía facultades para firmar esa petición a la luz de la Convención de Viena”, advierte la impugnación.