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Recibe Senado iniciativa presidencial de Transparencia para el Pueblo
CIUDAD DE MÉXICO, 13 de noviembre de 2016.- La diputada Margarita Martínez Fisher, quien preside la comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, afirmó que la reiterada violación de la Norma 26 –que regulaba la construcción de vivienda de interés social—generó una profunda irritación entre los vecinos de esta capital, por lo que es necesario, dijo, crear un nuevo marco regulatorio que dé certidumbre tanto a los desarrolladores como a los habitantes de la CDMX.
A través de un comunicado de prensa, la legisladora del albiazul dijo que actualmente se trabaja para dictaminar la norma que regulará la construcción de la vivienda de interés social, por lo que reconoció la participación sobre el tema de especialistas, vecinos, empresarios y legisladores que “ha dado valiosas pistas para nuestra labor legislativa”.
Explicó que una de las primeras propuestas es la de “blindar” la “norma 26” –cuya aplicación actualmente está suspendida por el gobierno capitalino para la iniciativa privada—para evitar su mala utilización y, con ello, garantizar que sus beneficios lleguen efectivamente a la población que se busca favorecer: la de bajos recursos.
Asimismo, apuntó, con esta nueva legislación se busca también fortalecer el acceso a la vivienda mixta o semi residencial, aquella que deberá estar al alcance de las personas que pretenden ejercer sus créditos otorgados por los organismos de vivienda. Y, con ello, una vez “blindada” la Norma 26, estableciendo algunos candados, se garantizaría que la vivienda de bajo precio llegara a los sectores vulnerables.
Lamentó que en el pasado con la “apertura” de esta norma de vivienda de interés social, hubo quienes la utilizaron para engañar a las autoridades y a los potenciales compradores. Lo que nos preocupa a los legisladores de Acción Nacional es que los estímulos fiscales terminen en manos de quienes no los necesita.
Denunció el caso de una asociación que gestionaba vivienda de interés social que operaba en la delegación Tlalpan, cuyos departamentos financiados con esquemas fiscales del INVI, eran anunciados para su venta a través de Internet y que se comercializaban hasta en tres millones de pesos.
Martínez Fisher reconoció que la vivienda de interés social y la vivienda mixta o semi residencial no pueden tener las mismas reglas, ni tampoco pueden competir por la adquisición de suelo bajo las mismas circunstancias, lo cual sería muy grave para quienes generan vivienda de interés social, pues simplemente desaparecerían.