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CIUDAD DE MÉXICO, 16 de noviembre de 2016.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) respaldará y dará seguimiento puntual a todas las acciones necesarias para impedir la impunidad en los cinco casos de feminicidio ocurridos en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, afirmó este miércoles el comisionado presidente del organismo colegiado, Julio Hernández Barros, durante un encuentro que se efectuó en esa entidad con familiares de las víctimas y sus representantes legales.
Entre los acuerdos alcanzados para ese fin, según un comunicado, Hernández Barros se comprometió a que la CEAV realice las gestiones necesarias ante la Policía Federal (PF) y la Procuraduría General de la República (PGR) para realizar peritajes y estudios especializados –en particular dictámenes de ADN–; en colaboración con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), la CEAV establecerá una estrategia jurídica conjunta y efectuará una visita a la zona de la Husteca Potosina.
Ante los casos de feminicidio ocurridos en el municipio de Tamuín, Hernández Barros fijó la posición de la CEAV, al destacar que la violencia feminicida cobra vidas, rompe familias y deja una dolorosa huella en las víctimas. Llamó, además, a evitar que los crímenes de odio sigan multiplicándose en nuestro país.
Acompañado por las comisionadas de la CEEAV, Julieta Méndez Salas, Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez y Celia García Valdivieso, sostuvo que en este caso donde hay un homicida confeso, y en otros en los que se hayan contaminado los procesos judiciales mediante pruebas ilícitamente obtenidas, esto no debe provocar que los juicios penales sean declarados nulos.
“Las pruebas ilegales deben desecharse siempre, pero no deben contaminar el resto de las pruebas que son suficientes para establecer una sentencia condenatoria”, explicó.
Hernández Barros añadió que en el caso específico del feminicida de Tamuín, la CEAV no estima que las pruebas ilegales funcionen como un efecto corruptor sobre el resto de las evidencias, sino que cada una de éstas en su legalidad deben ser valoradas individualmente, a fin de que si hay pruebas suficientes que demuestren la responsabilidad penal del imputado el resultado sea una sentencia condenatoria.
Repudiamos, añadió Hernández Barros, que se aplique la teoría penal del efecto corruptor a las demás pruebas aportadas en el caso Tamuín, sólo por el hecho de que se haya encontrado alguna evidencia ilícita en el procedimiento.
El comisionado presidente de la CEAV confió en que no hay riesgo de que el feminicida de Tamuín pueda salir libre por algún aspecto de violación al debido proceso.
Durante su visita de trabajo a San Luis Potosí, Hernández Barros acudió a las instalaciones de la CEEAV, donde también se reunió con integrantes de organizaciones civiles.
Antes, el Presidente comisionado de la CEAV dictó una conferencia magistral en la Casa de la Cultura Jurídica de San Luis Potosí, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que expuso que la función de las comisiones de atención a víctimas, tanto nacional como estatales, debe ser la generación de políticas públicas de atención integral a víctimas.