“Se requieren recursos suficientes para prevenir delitos»

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de noviembre de 2016.- María Cristina García Bravo, diputada federal del Grupo Parlamentario del PRD, aseveró que el desafío primordial de la prevención del delito es la canalización de recursos suficientes a las entidades y municipios del país para que las acciones, estrategias y políticas públicas que se implementaron durante los últimos años sean eficaces a corto y largo plazo.

Con base en ello, la parlamentaria presentó en San Lázaro un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob) a fin de que refuerce las acciones, estrategias, políticas públicas de prevención y combate a la violencia e inseguridad en las entidades federativas y municipios de todo el país.

“Es evidente –señaló– que las políticas públicas del actual gobierno federal se deben enfocar hacia la corresponsabilidad que debe darse entre los estados y la federación, para revertir de cualquier forma la inseguridad e ir devolviendo a la sociedad los espacios públicos que ha ido perdiendo”.

Sostuvo que con una prevención del delito adecuada, las consecuencias serán favorables, “porque estamos conscientes que el problema de la prevención del delito no se va a lograr dejando sin recursos a los estados y municipios del país, pues estamos ciertos que los recursos que le fueron aprobados a la federación sirvan para hacer frente a la delincuencia, sin distinción partidista”.

La legisladora del Sol Azteca recordó que la Cámara de Diputados había destinado millones de pesos a los gobiernos estatales y municipales para lograr la profesionalización y el fortalecimiento de sus cuerpos policiales, así como el desarrollo de sus instituciones de seguridad pública, equipamiento, infraestructura e implementación de acciones para el Programa Nacional de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y avanzar en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Destacó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal del 2016, se aprobaron poco más de 2 mil 15 millones para el Programa Nacional de Prevención del Delito, como parte de los subsidios para las entidades federativas, a fin de financiar proyectos encaminados a la atención del origen de la violencia.

“Sin embargo –subrayó–, el PEF para el año 2017 contempla recortes en gastos de las secretarías de Estado o Ramos Administrativos en comparación con lo autorizado para este año 2016; por ejemplo, es lamentable que no se aprobaron recursos dirigidos para el Programa Nacional de Prevención del Delito para las entidades federativas y los municipios, lo cual va a perjudicar directamente a la seguridad pública”.

Añadió que esta disminución en los recursos económicos para el 2017, se dará pese a que entidades como Guerrero, Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán y Sinaloa, padecen el mayor problema de seguridad y donde las tasas de asesinatos y el incremento de la delincuencia organizada superan tres veces la media nacional.

García Bravo citó que de acuerdo con el Informe de víctimas de homicidios, secuestro y extorsión, del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), con datos al 30 de septiembre de 2016, se registraron 29 mil 152 víctimas de homicidios dolosos y culposos, 959 secuestros, y 3 mil 820 extorsiones.

Mencionó que las entidades con el mayor número de víctimas por homicidios dolosos y culposos, en el mismo periodo, fueron: México, con 2 mil 205; Guanajuato, 2 mil 347; Guerrero, 2 mil 169; Michoacán, 2 mil 12; Jalisco, mil 710; Baja California, mil 154; Chiapas, mil 112; Chihuahua, mil 272; Nuevo León, mil 78; Oaxaca, mil 443; Puebla, mil 119; Sinaloa, mil 341; Tamaulipas, mil 227; y Veracruz, mil 483.

En tanto, advirtió, los datos del secuestro del presente año son alarmantes: 204, en el Estado de México; 146, en Tamaulipas; 102, en Veracruz; 82, en Guerrero.

Por lo que corresponde al delito de extorsión, el registro indica: 820 casos, de los cuales 635 ocurrieron en Estado de México, 468 en Nuevo León, 160 en Guerrero, 169 en San Luis Potosí, 157 en Sonora, 477 en Jalisco, y 108 en Veracruz.