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CIUDAD DE MÉXICO, 14 de diciembre de 2016.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en sus términos, en lo general y particular, el dictamen de la minuta enviada por el Senado referente a la Ley General de Víctimas y que tiene como finalidad agilizar la reparación del daño y el acceso a los recursos de los fondos de ayuda, por lo que se turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es así como en el penúltimo día de sesión, el Pleno de la Cámara de Diputados trabaja a “marchas forzadas” y en tiempo récord pretende aprobar más de una decena de dictámenes, por lo que en cerca de dos horas los legisladores discutieron y aprobaron, primero en lo general por 323 votos a favor, 41 en contra y 34 abstenciones, y tras rechazarse reservas a una treintena de artículos se avaló en lo particular por 302 votos a favor y 96 en contra.
La minuta enviada por el Senado señala modificaciones a la ley donde se flexibilizan los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, éste es de carácter federal, y se mandata a todas las entidades federativas crear sus propios fondos de ayuda. Y se crean los recursos de ayuda con cargo a dichos fondos, para la asistencia, atención y rehabilitación que requieran las víctimas.
Al respecto la Ley detalla que el Fondo de Ayuda federal brindará los recursos siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas, y que el dinero previsto para este Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no podrá ser disminuido.
Se establece que las víctimas, en casos urgentes o en aquéllos en que las instituciones públicas no puedan brindarles la atención, podrán acudir al amparo de instituciones privadas, que también será con cargo al fondo de ayuda correspondiente.
La ley reconoce como grupos vulnerables, además de las mujeres, menores de edad, indígenas y adultos mayores, también a los migrantes, personas en situación de desplazamiento interno, personas con discapacidad, periodistas y defensores de derechos humanos.
El documento señala que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ya no será un órgano colegiado, dado que estará encabezado por un Comisionado Ejecutivo, que tendrá a su cargo designar a las personas responsables del Fondo de Ayuda nacional, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.
Dicho comisionado, que tendrá que vigilar el adecuado ejercicio de los recursos del Fondo de Ayuda, será propuesto por el Presidente de la República, previa consulta pública a colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil. Éste deberá ser ratificado por el voto de las dos terceras partes del Senado y su cargo será por cinco años, sin posibilidad de reelegirse.
Otro aspecto importante es que la figura del asesor jurídico se fortalece para hacer valer los derechos de las víctimas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio oral, el cual podrá ser solicitado por la víctimas a la CEAV cuando no quieran o puedan contratar un abogado particular.
Las modificaciones también añaden el interés superior de la niñez, como principio rector, en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.