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CIUDAD DE MÉXICO, 30 de diciembre de 2016.- La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, defendió el uso adecuado de los recursos públicos porque, dijo, no salen de la bolsa de los políticos, sino de los impuestos que pagan todos los ciudadanos:
“Nosotros los políticos no sacamos el dinero de nuestra bolsa. Estamos obligados a administrar adecuadamente el dinero que se nos otorga, ese dinero es suyo. Hay tantas necesidades en la delegación y tantas cosas por atender, por eso una de las ideas que tenemos es priorizar”, indicó.
Acompañada por la directora ejecutiva de Desarrollo Social, Gabriela Salidos Magos, entregó 46 equipos auxiliares auditivos cuyo costo en el mercado es de aproximadamente seis mil pesos cada uno, para personas que lo solicitaron, sin necesidad de intermediarios o líderes de ninguna índole.
La mayoría de los beneficiarios son adultos mayores y presentaban problemas de deterioro en este sistema fundamental para el desarrollo de sus actividades ordinarias.
Gálvez Ruiz informó que en Miguel Hidalgo se tiene un padrón de 16 mil 125 habitantes con algún tipo de discapacidad, quienes, en su mayoría, no cuentan con los recursos suficientes para poder adquirir los equipos o apoyos técnicos necesarios como sillas de ruedas, andaderas, bastones o auxiliares auditivos, con los cuales reintegrarse a sus actividades diarias.
Ante beneficiarios de esta ayuda social, Gálvez Ruiz les reiteró que nadie puede condicionar la entrega de ningún apoyo y menos en la delegación Miguel Hidalgo porque aquí no se buscan clientelas políticas.
“Tampoco me es agradable partidizar los apoyos, porque creo que es otra de las cosas de las que los ciudadanos están cansados, que para que te den tal cosa tienes que apoyar a tal partido o a tal persona. Ustedes no están obligados a apoyar a nadie a cambio de nada”, les dijo.
Al agradecer a la Fundación Audioamigo su apoyo en este programa, la Jefa Delegacional dijo que seguirá dando la batalla por los vecinos de la demarcación y por ello interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la desigual distribución de los recursos públicos en el Presupuesto 2017, aprobado por la ALDF.