Revira Fernández Noroña ante amago de Trump sobre aranceles
CIUDAD DE MÉXICO, 25 de enero de 2017.- A fin de que el gobierno federal reduzca 25 por ciento la inversión de contratos en productos y servicios, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes (PRD) propuso una reforma al marco legal para las compras gubernamentales.
“Ha llegado el momento de actuar con firmeza y decisión en favor de nuestro país, los mexicanos ya no podemos permitir que nuestros recursos se vayan a la bolsa de unos cuantos y seguir pagando los altos costos de sus decisiones”, expresó.
El también doctor en ciencias políticas y sociales expresó que la propuesta es disminuir los montos máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para aportar al marco de austeridad, y aportar que el gasto sea el necesario para el desarrollo y productividad de las funciones gubernamentales.
“Que se compre de manera eficiente y con calidad. Es imperativo que todos los poderes de la Unión, las entidades federativas y cada ente que recibe recursos del gobierno se comprometa no sólo a ahorrar de manera temporal o voluntaria algunos cuantos miles de pesos aduciendo con esto a su gran solidaridad a las circunstancias actuales de la nación, sino que como país seamos más competitivos” dijo.
El legislador federal del sol azteca sostuvo que dicha iniciativa pretende disminuir el monto usado para contratar productos y servicios a fin de disminuir a veinticinco por ciento del presupuesto asignado, la suma de las operaciones que se ejecuten mediante los proceso de excepción a la licitación pública.
Conjuntamente propone sancionar –de manera administrativa y penal– a aquel servidor público que en el ejercicio de sus funciones “justifique o autorice de manera ilícita un proceso de excepción a la licitación pública, o manipule la normatividad aplicable al proceso, con el objeto de favorecer a un oferente en particular”.
Por si fuera poco, la responsabilidad de dichas contrataciones también deberá ser asumida por el titular de la dependencia, “como parte de su compromiso en el buen desempeño de sus funciones que orienten a la dependencia o entidad a su cargo a administrar de manera responsable, eficiente y transparente los recursos públicos asignados.