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CIUDAD DE MÉXICO, 30 de enero de 2017.- En la definición de la Ley de Seguridad Interior, el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró conveniente priorizar y revisar el marco legal sobre mando policial, pues dijo que al tener al Ejército o la Marina en tareas de seguridad pública ha llevado al desgaste de las dos respetadas instituciones del Estado mexicano.
El perredista planteó que un transitorio en dicha ley debería establecer plazos, donde todas las entidades debiesen tener la capacidad para hacerse cargo de la seguridad pública y en 2018 el Ejército debería retirarse de las calles y regresar a sus cuarteles.
“El papel del Ejército y la Marina, nos permitió mantenernos de pie ante una crisis severa de inseguridad y de regiones con problemas de ingobernabilidad”, sin embargo, señaló que es entendible como una solución temporal, más no como una política de seguridad permanente.
“Nos ha ganado el tiempo y no se ha permitido que los estados desarrollen sus capacidades y el Ejército y la Marina se siguen desgastando en tareas que no le competen”, añadió.
Contradijo que a cambio de esto, la Ley de Seguridad Interior da marco jurídico al Ejército en tarea de seguridad pública, algo que debería revisarse con mucho cuidado y de ahí la importancia de que el Congreso defina la legislación con prontitud la legislación que tiene en proceso.
Por otro lado, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu, coincidió con su homólogo michoacano y conminó a la bancada del PRD —partido de donde emanan— a priorizar en la agenda legislativa la definición de la ley en materia de mando policial.
Al participar en la reunión del Plenaria del Grupo Parlamentario del PRD, ambos mandatarios estatales coincidieron que la Cámara de Diputados debe legislar en la materia, tal como lo hizo el Senado de la República.
“No puede seguir en la indefinición”, coincidieron que ambos estados tienen un modelo Mando Único policial planteado en el Consejo Nacional de Seguridad, basado en un acuerdo con los presidentes municipales y más por un ánimo de colaboración y los Ayuntamientos, sin embargo, tiene lagunas y es muy endeble.
“No podemos definir el protocolo de actuación de las Fuerzas Armadas sin antes resolver el tema del modelo policial”, sostuvo Graco Ramírez. Recalcó que la presencia de militares en tareas de seguridad obedece a la ausencia de policías.
En tanto, Aureoles y Ramírez llamaron a la Cámara de Diputados a establecer como una prioridad de la agenda legislativa en el próximo periodo de sesiones resolver el tema de las Fuerzas Armadas en el protocolo de actuación desde el punto de vista legal.