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CIUDAD DE MÉXICO, 8 de febrero de 2017.- Académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) entregaron al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, una base de datos con documentos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), para que sea analizada y considerada en la dictaminación de la Ley de Seguridad Interior que se realiza en el Congreso.
“La base de datos es una versión codificada y depurada de información que llegó de manera anónima al Programa de Política de Drogas del CIDE, en una memoria USB, en ella se registran cerca de 40 mil eventos clasificados, como enfrentamientos, agresiones o ejecuciones de la llamada guerra contra las drogas del gobierno de Felipe Calderón”, indicaron.
En conferencia de prensa en el recinto Legislativo el director del CIDE en la región centro, Alejandro Anaya Muñoz, detalló que uno de los objetivos de entregar esta base de datos a la Cámara de Diputados, es que el tema de la Ley de Seguridad Interior se legisle con base en evidencia, y no en conjeturas e intuiciones.
“Lo que estamos pidiendo son dos cosas: que se legisle con evidencia, y entonces cualquier plan, cualquier programa de retiro de las fuerzas armadas, tiene que ser resultado de un análisis de riesgo detallado por regiones, estados y municipios, para que se puedan ir estableciendo prioridades y tiempos; y segundo, fortalecer a las instituciones civiles”, enfatizó.
El académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Jorge Romero, indicó que la conclusión a la que han llegado los especialistas del CIDE, es que “el despliegue de las fuerzas federales, en específico del Ejército y la Marina, no ha sido eficaz para contener la violencia; por el contrario, ha contribuido a su exacerbación”.
Martínez Neri reiteró que su bancada no avalará una Ley de Seguridad Interior que violente los derechos humanos, por lo que expresó su rechazo a la iniciativa del PRI, ya que, aseguró, va en ese sentido.
Insistió en que su bancada apoya la profesionalización y fortalecimiento de las policías estatales, por lo que volvió a criticar a las autoridades locales que dejan esta responsabilidad en la Federación, y señaló que de ser necesario se deben de sancionar a los gobiernos de los estados que no asuman sus tareas en esta materia.