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CIUDAD DE MÉXICO a 9 de febrero de 2017.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) sería la encargada de implementar la sanción administrativa al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, por su presunta responsabilidad en el ocultamiento y manipulación de pruebas en el Río San Juan, en el municipio de Cocula, Guerrero.
En conferencia de prensa, el fiscal del caso Iguala de la Procuraduría General de la República (PGR), Gilberto Higuera Bernal, reveló que la SFP, coordinada por la ex procuradora Arely Gómez, ya cuenta con la diligencia que se le sigue a otros seis servidores públicos que habrían participado en los hechos.
También descartó que haya un plazo para que esta dependencia otorgue una resolución, ya que depende de los tiempos que maneje u ocupe para concretar este dictamen.
“Se dispuso que fuera la SFP quien determine el campo de responsabilidades correspondientes contra este personaje (Tomás Zeron) por lo que será ahí donde se dé a conocer la sanción administrativa que se le impute.
“Habría que saber los momentos y tiempos de la SFP para este evento y de ahí habría que intervenir el tipo de sanción, pero en lo que se refiere a un plazo para que de su determinación no se podría dar como tal”, comentó Higuera Bernal.
Los nombres de los otros seis funcionarios involucrados no se dieron a conocer por ser parte de una averiguación previa y no interferir en las resoluciones que se puedan dar.
Sobre la diligencia que se abrió contra Omar García Harfuch, actual titular de la AIC, Sara Herrerías, subprocuradora de derechos humanos de la PGR, aseguró que será la Visitaduría Interna de esta dependencia indagará los señalamientos sobre su nexo con Sidronio Casarrubias, ex líder del cártel de Guerreros Unidos.
Aunque no quiso dar mayores detalles, confirmó que será está instancia la que determine la responsabilidad y conocimiento con el narcotraficante, después de que se constató que estaba en su lista de contactos.
Restablecen mesas de negociación
Roberto Campa, subsecretario de derechos humanos de Segob, confirmó el restablecimiento de las negociaciones y reuniones con los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, por lo que el próximo 9 de marzo volverán a verse para los avances del caso.
Además, explicó una serie de puntos, que fueron avalados por los papás.
“Se habrá de continuar todas las líneas de investigación dejadas por el GIEI; Se incluirá en las investigaciones al mecanismo de seguimiento; el procurador se comprometerá para que haya todos los recursos que se necesitan y aplicarlos lo más rápido.
“También deberá concluirse el análisis de los casos de normalistas lesionados por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014″, dijo Campa.