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CIUDAD DE MÉXICO, 15 de febrero de 2017.- Surge una nueva polémica que involucra al sector salud, ahora en Chiapas, donde el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados acusa de desvío de recursos que ha provocado el desabasto de medicinas, además de instalaciones en mal estado y deficientes que no da la atención necesaria a la población.
También señalaron un conflicto político-sindical donde acusan al secretario de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Ferrera, de haber emprendido una «persecución y hostigamiento» en contra de trabajadores, enfermeras e incluso médicos que laboran en el sistema de salud.
El caso lo dio a conocer el diputado federal de Morena por Chiapas, Guillermo Santiago Rodríguez, quien informó que presentó un punto de acuerdo para pedir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) agilizar la solicitud a fin de esclarecer dónde están los recursos públicos destinados al sector salud de aquella entidad.
“El punto de acuerdo tiene como objetivo que se pueda esclarecer en dónde están los recursos públicos que se han desviado para los hospitales, para los centros de salud, para las clínicas, el fondo de ahorro de las y los trabajadores del estado de Chiapas”, indicó en entrevista para Quadratín México.
Dijo que se exhortará a las comisiones de Vigilancia de la ASF y de Transparencia y Anticorrupción en San Lázaro, para que puedan darle trámite y seguimiento a dicha solicitud.
Santiago Rodríguez explicó que el pasado fin de semana realizó un recorrido en diferentes centros de salud y hospitales de Chiapas y se percató que no se encuentra en óptimas condiciones para dar servicio médico, por lo que afirmó que esto «demuestra claramente que hay un caso de corrupción muy grave en el gobierno de Manuel Velasco”.
Mientras que el diputado, también de Morena Ariel Juárez afirmó enfáticamente que ya han presentado las reservas y documentos que sustentas sus dichos y que desde el Congreso seguirán exigiendo que se realice una auditoría al sector salud de Chiapas, además que buscarán defender los derechos de los trabajadores que, asegura, están siendo amenazados.
El un grupo de diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, así como el titular de la Secretaría de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera, afirmaron que están trabajando para atender los problemas que enfrenta el sector salud en el municipio de Comitán, que es donde se tiene el problema de desabasto de medicamentos, equipamiento y paro de labores.
En conferencia de prensa conjunta, indicaron que los problemas del sector salud sólo se limitan al municipio de Comitán y no a toda la entidad, como lo aseguró el diputado de Morena.
Explicaron que los problemas surgieron a partir de un conflicto entre el gobierno estatal y miembros de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, por diferencias políticas y de interés.
Los legisladores reconocieron que existe desabasto en hospitales de dicha localidad, sin embargo, aseguraron que las acusaciones de corrupción son «totalmente falsas» y afirmaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho las revisiones pertinentes.
El funcionario estatal, Ortega Ferrera indicó que el conflicto con los trabajadores del sector salud, en Comitán, ha derivado en un paro de labores en los últimos cinco meses, razón por la cual en ese período no se ha podido entregar en tiempo y forma los insumos correspondientes.
«No obstante, en algunos hospitales, los trabajadores mantienen los fármacos bajo llave para presionar al gobierno. Todas las unidades de primer nivel, más los de segundo nivel de la jurisdicción tres, los tienen en paro, y con la autoridad que nos brinda el jurídico, fuimos y abrimos el centro de salud de frontera Comalapa, quitamos los candados, encontramos 90 por ciento de medicamentos biológicos bajo llave, porque los señores quieren meter presión de otra medida, para objetos de grupo, personales y demás, para fines políticos”, aseveró.
El funcionario chiapaneco sostuvo que el desabasto de medicamentos no se debe a un problema de dinero, ya que éstos se encuentran blindados por el Seguro Popular, sino a la falta de capacidad de instalación y dispensación de algunas empresas para surtir a las unidades hospitalarias del estado, aunado al conflicto sindical.
Esta nueva polémica se suma a los casos de Veracruz y Guanajuato, donde están involucrados autoridades de gobiernos del PRI y el PAN, respectivamente, y donde hasta la fecha no se ha podido fincar ninguna responsabilidad.