Por supuestos sobornos a Pemex, PGR firma declaración en Brasil

BRASILIA, Brasil, 18 de febrero de 2017.- El procurador General de la Republica (PGR), Raúl Cervantes, atendiendo una denuncia de hechos de Petróleos Mexicanos (Pemex), participó en un encuentro convocado por la Procuraduría General de la República Federativa de Brasil y al que acudieron los procuradores y fiscales Generales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.

El encuentro, se añadió en un comunicado, fue a fin de determinar las acciones de cooperación entre esas naciones en las investigaciones sobre los presuntos delitos cometidos por directivos y empleados de la empresa Odebrecht y Braskem.

En el encuentro de procuradores y fiscales, en Brasilia, Brasil, suscribieron una Declaración sobre la Cooperación Jurídica Contra la Corrupción.

Los convocados consideraron fundamental desmantelar la corrupción internacional para fortalecer la institucionalidad, lo que propiciará un ambiente económico favorable y otorgará legitimidad al sistema democrático.

El pasado jueves, Pemex informó que la Unidad de Responsabilidades realiza un minucioso análisis de todos los contratos celebrados entre Pemex y Oderbretcht y sus filiales.

Puesto que el 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo pública la sanción impuesta a la constructora brasileña Odebretcht por actos de corrupción en diversos países.

Y que el Departamento de Justicia señaló que la empresa sobornó a funcionarios del gobierno mexicano por un monto 10.5 millones de dólares, citando como ejemplo que de ese monto, seis millones de dólares fue para un alto funcionario de una empresa controlada por el Estado, para beneficiar en contratos.

La reunión de procuradores y fiscales obedeció a la necesidad de reforzar la cooperación jurídica internacional, auxiliar a los países interesados y obtener pruebas a fin de dar seguimiento a las investigaciones y acciones penales en sus respectivas jurisdicciones, atendiendo a los principios del derecho internacional vigente y a las leyes de cada país.

Se resaltó que desde 2014, el Ministerio Público Federal brasileño realiza una investigación del mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil, el caso Lava Jato y también lo hace en el caso Odebrecht, pero la investigación de ese país mantiene una reserva sobre el expediente por seis meses, que vence el primero de junio del 2017; y mantiene los requerimientos de cooperación jurídica internacional que le demandan.

Los Abogados de cada Nación acordaron en la declaración de Brasilia:

• Asumir el compromiso de brindar la más amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica internacional en los casos Odebrecht y Lava Jato, y en general.
• Promover la constitución de equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales, que permitan investigaciones coordinadas sobre los casos Odebrecht y Lava Jato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Convención de Mérida y otras normas legales e instrumentos internacionales aplicables.
• Los equipos conjuntos de investigación actuarán con plena autonomía técnica y en desarrollo de su independencia funcional, como principio rector de los Ministerios Públicos y Fiscalías firmantes de la referida Declaración.
• Reforzar la importancia de utilizar otros mecanismos de cooperación jurídica internacional vigentes, especialmente la realización de comunicaciones e informaciones espontáneas.
• Aplicar el artículo 37 de la Convención de Mérida en la ejecución y seguimiento de las solicitudes de cooperación jurídica internacional originadas en los países firmantes, requirentes y requeridos, según la legislación interna.
• Exhortar a los ciudadanos para que apoyen a sus instituciones de persecución penal en las actuaciones que son conducidas contra la corrupción en los países firmantes.
• Insistir en la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados por los ilícitos, incluyendo el pago de multas, según la legislación de cada país.
• Reafirmar el respeto irrestricto al principio de legalidad, el debido proceso legal y a los derechos humanos, especialmente en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada transnacional.