Rechaza Congreso prórroga de 90 días para elección judicial
CIUDAD DE MÉXICO, 01 de marzo de 2017.- Las labores de las fuerzas armadas del país en seguridad pública debe incluir un plan para su regreso paulatino a los cuárteles, afirmó el senador Mario Delgado Carrillo (PRD).
En el marco del segundo conversatorio Ley de Seguridad Interior, Riesgos y Alternativas, el legislador de izquierda resaltó que en el marco de la reforma sobre la Ley de Seguridad Interior esta condición debe quedar clara, ya que, caso contrario, sería rendirse a tener un sistema profesional de policías
El legislador federal recordó que en 2006, el entonces presidente de la República Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles para combatir al crimen organizado, mientras se profesionalizaba a la policía municipal y estatal de todo el país.
En su momento, Tita Radilla, habitante de la Costa Grande, Guerrero, denunció la desaparición de su padre Rosendo Radilla “a manos de los militares”, sin que luego de 43 años, se tenga información de lo ocurrido.
Dijo estar en contra de que el Ejército cuente con una ley “que les faculte para seguir violando los derechos humanos de manera legal, perpetuando la impunidad que han gozado”.
Claudia Medina Tamariz, habitante de Veracruz, señaló que “es sobreviviente de tortura en una zona naval, por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México”.
Señaló que la Ley de Seguridad Interior es un riesgo para los ciudadanos, porque las labores del Ejército en las calles se están saliendo de control, y no es viable cederles el mando.
Guadalupe Muñoz, oriunda de Jalisco, aseguró que “la desaparición forzada de su hermano fue orquestada por el Ejército Mexicano”, por lo cual, advirtió que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior, representaría darle una carta abierta a las Fuerzas Armadas para que cometan abusos contra los derechos fundamentales de las personas.
En las mesas de trabajo, también participaron, el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, Martha Tagle Martínez; así como Santiago Aguirre, del Centro Prodh; Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; y Mónica Ayala, de México Evalúa, entre otros más.