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CIUDAD DE MÉXICO, 16 de marzo de 2017.- Sigue sin definirse el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género que reforma y modifica artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que se refiere, entre otros puntos, a la implementación de los protocolos de acción que deben de recibir las niñas y mujeres víctimas de violación.
En entrevista, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, la priísta Laura Plascencia, afirmó que hubo desinformación en algunos medios que provocaron confusión y perjudicaron las decisiones que se estaban tomando en torno a este dictamen.
El punto polémico se encuentra en la discusión sobre la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 en todos los estados y municipios del país, y que señala la atención que deben recibir por parte de autoridades las víctimas de violación, y que entre otros puntos contempla la posibilidad, si así lo solicita la afectada, de abortar en caso embarazo producto del ataque sexual.
Este punto es el que ha sido interpretado de manera diferente al suponer que se discute el hecho de legalizar el aborto, cuando éste es en realidad un derecho que se le otorga sólo a las mujeres que hayan quedado embarazadas a consecuencia de una violación, y que existe en la legislación federal desde 1931, de acuerdo a lo dicho por la diputada Laura Plascencia.
Por lo que la legisladora explicó que lo que se discute es el derecho que tienen las víctimas de violación, así como la aplicación de la ley en todo el país ya que a pesar de estar contemplado en el Código Penal Federal, no se lleva a cabo.
“Hay mucha inquietud al respecto, vimos notas que no ayudaron a las decisiones, en algunos periódicos decían que estábamos discutiendo el aborto, eso no es cierto, en ningún momento es legislar sobre el aborto.
Hay legislaciones en los estados que establecen la despenalización del aborto en caso de una violación, eso ya estaba desde antes de los años 50, en el caso del Código Penal Federal lo establece desde 1931; eso no es motivo del dictamen, lo que sí es motivo es que estados y municipios atiendan de forma integral y oportuna a las víctimas, eso es lo que yo lamento de estas decisiones”, enfatizó.
La priísta lamentó que la desinformación haya provocado la intervención de grupos de la Iglesia, así como de otros de protección a la familia que se han pronunciado en contra de os derechos de las víctimas, y se haya frenado el avance en este tema.
“Lamentamos mucho que se haya mal informado, lamentamos mucho que la iglesia haya operado, lamentamos lo que informó el frente nacional de la familia, lamentamos mucho la doble moral, no lo digo como presidenta de la Comisión, sino como mujer, como ciudadana. Eso es lo que más lamentamos, que no haya habido un consenso de los que nos representan para avanzar en un tema tan importante”, aseveró.
Pidió congruencia a quienes están en contra de legislar a favor de las víctimas de una violación, especialmente, a los grupos políticos que así lo han manifestado; destacó que no han dimensionado que el 52 por ciento de la población en el país está integrado por mujeres, “y que cada minuto en el país violan a una niña o a una mujer, que nadie debe entrometerse en el derecho de decidir de las mujeres, y menos cuando han sido violadas”.
Por lo pronto, este dictamen parece estar en la “congeladora” legislativa y no se sabe a ciencia cierta cuál será su destino. La propia legisladora reconoció que a pesar de estar considerada para abordarse en la sesión del pasado jueves 16 de marzo, al final no se discutió, y sigue en el aire la definición sobre el tema.
“La opción de aborto en caso de violación es legal y hay que informarlo a todas las mujeres y niñas, si son violadas y embarazadas producto de una violación, es legal que aborten y lo pueden hacer y lo tienen que exigir, y es su derecho y es legal. Que no le vengan con conceptos moralinos, que ellas decidan”, puntualizó.