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ACAPULCO, Gro., 24 de marzo de 2017.- En el marco de la 80 Convención Bancaria, el diputado federal Fidel Calderón Torreblanca, se pronunció a favor de que los bancos ofrezcan productos y servicios más baratos y competitivos en reciprocidad al dinero público que reciben las instituciones financieras y en comparación con los costos por servicios bancarios en otros países.
Se añadió en un comunicado que, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, las tasas de interés que cobran los bancos en México sobre las tarjetas de crédito pueden llegar a ser 24 por ciento más altas respecto de lo que se cobra en Chile, 230 por ciento superiores a lo que pagan los canadienses, 164 por ciento más a lo que cobran los bancos en España y 312 por ciento más altas que las aplicadas en los Estados Unidos.
En el caso de financiamiento para la compra de una vivienda, el costo puede llegar a ser cuatro veces más alto en México que respecto a España, según datos de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas.
Calderón Torreblanca mencionó que en 2011, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias señaló́ que en diez anos el Fobaproa recibió́ 260.3 miles de millones de pesos provenientes de los impuestos, 67.6 miles de millones por cuotas de los bancos y 101.1 miles de millones de pesos por la recuperación de activos.
Derivado de la revisión de la Cuenta Pública de 2010, la Auditoria Superior de la Federación determinó que recursos de los contribuyentes por 889.4 miles de millones de pesos fueron destinados por la administración federal al costo del rescate bancario de 1995.
El tiempo total estimado durante el cual el Estado Mexicano pagará estos compromisos van desde los 30 a los 70 años, aun cuando en tiempos recientes el total de esta deuda se ha reducido respecto del PIB en términos reales, pero en sí su crecimiento no se ha detenido.
Atención especial requieren las prácticas bancarias en México, relacionadas con los focos rojos en el endeudamiento del gobierno federal, así como de los estados y municipios; el manejo desventajoso de las AFORES para los trabajadores y la eventual pérdida de dinamismo del crédito a la vivienda.
El legislador perredista agregó que también debería revisarse el régimen de aportaciones de los bancos al IPAB y que la gestión del adeudo en cuestión pasara del IPAB a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de contar con una mejor postura de negociación.