Hay pérdidas de 1.5 bdp por corrupción y no eligen Fiscal Anticorrupción

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de abril de 2017.- Los niveles de corrupción en México aumentan cada vez más en México, mal que genera pérdidas por 1.5 billones de pesos al año, según reveló la organización Transparencia Internacional (TI) al Congreso de la Unión.

Sin embargo, los líderes del Senado de la República mantienen como pendiente la elección –entre 23 aspirantes– del que será el titular de la nueva Fiscalía Anticorrupción, por lo menos hasta que trascurran los doce días que se aprobaron para las vacaciones de Semana Santa.

Mientras esto sucede, TI recordó que el costo de la corrupción en nuestro país es de 1.5 billones de pesos al año, cifra que equivalente a una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB), según cifras emitidas por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).

Más aún, el informe subraya que “la corrupción tiene un costo de 70 mil millones de pesos para las empresas instaladas solamente en la Ciudad de México”, agregó la organización internacional, al citar cifras del último informe de la Confederación de Patrones de la República Mexicana (Coparmex) en la materia.

Así las cosas, en el Senado de la República han desarrollado diversos foros a fin de proponer a una persona que mantenga un índice de calidad social para fungir con el nuevo encargo, sin embargo, los cinco partidos políticos representados no llegan a algún acuerdo, debido a que dicha posición es vista como un escaño político.

En marzo pasado, Luis Carlos Ugalde –ex presidente del IFE (ahora INE)– indicó que el comité ciudadano, que acompaña la decisión de los legisladores, evaluó las características de los 23 aspirantes finalistas, y calificó con el mejor promedio a cuatro de ellos.

Se trata de César Alejandro Chávez Flores, José Bernardo Rafael Espino del Castillo Barrón, Miguel Ángel González Félix y Manuel Luciano Hallivis Pelayo, quienes determinó el Comité de Acompañamiento Ciudadano para la Evaluación de los Perfiles de los Aspirantes a Fiscal Anticorrupción.

Advierte ingobernabilidad

Transparencia Internacional (TI) advierte al Congreso de la Unión que el incremento de este mal “debilita a los gobiernos, hacen más difícil la gobernabilidad y la estabilidad de una región o un país generan desconfianza de los ciudadanos hacia los gobernantes y por consiguiente, se debilita el tejido social”.

El documento, cuya copia posee Quadratín México, explica que la corrupción de da en un marco discrecional del uso del poder y la posición monopolística que gozan los funcionarios públicos cuando tienen que ver con cuestiones con particulares o ciudadanos.

“Pero sobre todo de asimetría de la información en la gran mayoría de los casos, lo que incentiva al agente público a medir las ganancias de extraer renta de un particular versus el costo de ser sorprendido y enjuiciado, o llevado a la cárcel”, sostiene.

¿Qué hará el nuevo fiscal?

El primer fiscal anticorrupción estará en su cargo hasta el 30 de noviembre de 2018, cuando termine la actual administración federal, que preside Enrique Peña Nieto; y estará subordinado al titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

El nombramiento del sucesor ya será responsabilidad del procurador (o en su caso fiscal), que forma parte del gabinete del gobierno federal, en tanto el Congreso no apruebe la Ley orgánica para que la procuraduría general se convierta en una fiscalía general autónoma.

El designado será una pieza clave en el inédito engranaje contra la corrupción que México echó a andar este 4 de abril, cuando se instaló el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción con las instancias fiscalizadoras y judiciales que lo integran salvo el fiscal anticorrupción.

La responsabilidad de reformar el marco jurídico para blindar la fiscalía anticorrupción recae en el Senado, que elegirá al funcionario de entre una baraja de más de 20 candidatos inscritos al proceso iniciado meses atrás.

El primer fiscal tendrá que ser un investigador experimentado, sin vínculos recientes con partidos políticos y el liderazgo para edificar una oficina fuerte que no se subordine a fines políticos.

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia en febrero de 2014, en tanto que en mayo de 2015 hizo lo conducente sobre la reforma anticorrupción, que aprobaron los legisladores federales.