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CIUDAD DE MÉXICO, 12 de mayo de 2017.- En México hay infraestructura hidráulica, pero el acceso real al agua aún es un pendiente, afirmó el relator de la Organización de las Naciones Unidas para el Agua Potable y Saneamiento, Léo Heller, durante la Declaración Final de Misión en México, previó a la presentación de su informe ante la ONU, en septiembre de este 2017.
El relator dijo que en su visita realizada del 2 al 12 de mayo funcionarios le informaron que 94 por ciento de la población tiene acceso a agua potable y 93 al saneamiento, y aunque consideró que las cifras son “impresionantes”, sólo reflejan una forma de infraestructura, pero no se traducen en acceso real al agua y al saneamiento en las casas de las personas, que es “dramáticamente inferior”.
Heller destacó como motivos de preocupación que los presupuestos federales para servicios de agua y saneamiento disminuyeron 37 por ciento de 2016 a 2017, lo que impactará a corto y mediano en la realización de los derechos humanos al agua.
“Este impacto puede verse incrementado por la situación institucional del sector, descrita por uno de sus expertos como que subsiste con ‘vida artificial’ dadas sus condiciones políticas, financieras y presupuestarias”, expuso.
Otro motivo de preocupación es que el programa nacional de bebederos en escuelas a lo largo del país, pese a lo bienvenido de la iniciativa, aún no se ha implementado, ya que ha sido lento y debe ser acelerado, principalmente en estados con mayores niveles de pobreza. Además, las escuelas carecen de instalaciones adecuadas de saneamiento, prosiguió.
Criticó que en México también a algunos asentamientos irregulares no se les brinda el servicio de agua, bajo el argumento de que hacerlo equivale a legitimarlos, y él mismo lo vio en la comunidad de San José Obrero, Xochimilco, donde vio que los pobladores carecen de agua potable por lo que pierden horas para ir a conseguirla.
“Quiero recordar a las autoridades que los derechos humanos al agua y al saneamiento deben ser respetados, promovidos, protegidos y cumplidos para toda la sociedad, sin importar su condición social y económica”, recalcó.
La calidad del agua también está bajo sospecha en México, y muchos residentes de las distintas comunidades que visitó le comentaron que desconocían información sobre el agua que recibían.
“El hecho de que México posea el más alto nivel de consumo per cápita de agua embotellada (480 litros por año) es evidencia que habla por sí misma en cuanto a la falta de confianza de la población mexicana sobre el agua que les es suministrada”, indicó.
Léo Heller alertó que si bien el servicio del agua debe cobrarse, asimismo debe garantizarse que sea asequible a los más pobres y no se les debe cortar si no pagan, y para ello faltan salvaguardas locales para impedir la desconexión para quienes carecen de capacidad para pagar.
“Es importante recordar al gobierno mexicano que la desconexión de servicios basada en este criterio es considerada una violación de derechos humanos”, agregó, y recordó que cuando el agua es inasequible son los más pobres los que resultan más afectados.
También se refirió a proyectos industriales, de minería, fracking, plantas hidroeléctricas que contaminan el agua utilizada en algunas comunidades, y parte de dichas actividades que afectan al medio ambiente ni siquiera están reguladas.
Otro tema del que se percató en su visita es que algunos proyectos de saneamiento colapsan, ya que al ser dejados en manos de municipios estos no tienen capacidad para operarlos y los abandonan.
En otros casos hay localidades que tienen sistemas de saneamiento básico o inexistente, y las aguas residuales van a dar a ríos y manantiales, con la consecuente contaminación.
El funcionario internacional dijo que escuchó de distintas organizaciones y funcionarios que los derechos al agua potable y al saneamiento no están entre las prioridades del gobierno en el contexto de sus obligaciones de derechos humanos, ya que problemas como desapariciones forzadas y torturas son los temas que más le interesan.
“Si bien atender dichas violaciones es vital, aliento al gobierno, tal como está consignado bajo los estándares y el derecho internacional de los derechos humanos, dar igual y apropiada atención y proveer los recursos necesarios para la atención de los derechos económicos, sociales y culturales críticos, incluyendo los derechos al agua potable y al saneamiento”, manifestó.
“México debe garantizar como una prioridad máxima, que ningún individuo, familia o comunidad sean dejados sin los servicios adecuados”, concluyó.