Otro País/Tomás Tenorio Galindo 

San Miguel Totolapan: ¿qué pasa ahí?

El uso de la población, incluidas mujeres y niños, para tratar de impedir que las fuerzas armadas actúen contra la delincuencia organizada genera una inquietante similitud entre lo sucedido a partir del 3 de mayo en Palmarito Tochapan, Puebla, y una semana después en San Miguel Totolapan, Guerrero.

En Palmarito fue evidente que los grupos criminales tuvieron el cobijo de los habitantes de la comunidad, que confrontaron al Ejército y por largas horas impidieron su desplazamiento en busca de las bandas de ladrones de combustible de los ductos de Pemex. Y aunque existe una duda razonable sobre si el movimiento de autodefensa de Totolapan se propuso el viernes pasado brindar protección a un grupo de la delincuencia, es incontrovertible que los bloqueos que durante horas cortaron el paso a los militares y policías que querían entrar a la cabecera municipal produjo ese efecto. Al impedir el paso de los militares, uno o los dos grupos criminales que luchan en este municipio obtuvieron mucho tiempo para huir.

No es algo nuevo ni estos son los únicos lugares del país en los que se ha presentado la utilización de las comunidades como escudos frente al embate de las fuerzas armadas. Y eso es lo inquietante, la proliferación y sistematización de esta estrategia por parte de la delincuencia organizada. Ese hecho complica la intervención del Ejército y de la policía, que a las dificultades tácticas de la lucha contra el crimen debe agregar las dificultades derivadas de la movilización civil.

Lo sucedido entre el jueves y el viernes pasados en San Miguel Totolapan y en una veintena de puntos de la Tierra Caliente de Guerrero confirma que los grupos delincuenciales de Los Tequileros y La Familia Michoacana cuentan con base social. Se calcula que fueron unas mil personas las que intervinieron el viernes en los intentos de contener el paso de los militares y los agentes policiacos hacia el poblado, para lo cual instalaron barricadas y arrojaron piedras contra los uniformados. Además del alarde de poder y coordinación que quedó de manifiesto con la instalación de bloqueos en numerosos sitios de la región, en los cuales el crimen tuvo aparentemente el apoyo de transportistas. La quema de vehículos en esos retenes incrementó el caos y la sensación de pánico y temor. El saldo blanco que, pese a todo, reportó el gobernador Héctor Astudillo Flores pudo conseguirse por el cuidado extremo que las fuerzas armadas parecen haber aplicado en Totolapan tras la difusión de los videos de Palmarito, en los que se observa la ejecución de un delincuente sometido a manos de un soldado instantes después de que un militar fuera acribillado por la espalda por otro delincuente.

El sinsentido social que se hizo presente en San Miguel Totolapan tiene su origen en la ruptura del orden institucional que ese municipio ha resentido con particular intensidad en los años recientes. Es resultado de la mezcla del crimen, el gobierno y la política que ahí se había desarrollado de manera soterrada hasta diciembre pasado, cuando brotó a la luz pública de manera espectacular. Es una historia de la cual se conocen retazos, y por esa razón los acontecimientos de San Miguel Totolapan deben interpretarse en su doble contexto criminal y político.

En su expresión política se sintetiza en los siguientes hechos: la acusación penal por asesinato contra el ex alcalde y diputado local del PRI con licencia, hoy virtualmente prófugo, Saúl Beltrán Orozco; el asesinato hace un mes del suplente de Beltrán Orozco, Modesto Carranza Catalán; los señalamientos y la investigación de la Fiscalía General del Estado contra el alcalde de Totolapan, Juan Mendoza Acosta, del PRD, por sus presuntos nexos con La Familia Michoacana; y el secuestro del ex diputado local y federal, Catalino Duarte Ortuño, del PRD, ocurrido el 13 de abril sin que a la fecha se sepa de él.

Debe recordarse que Duarte Ortuño había antagonizado e intercambiado señalamientos públicamente con Saúl Beltrán. Todos estos hechos son parte de lo que sucede en este municipio, y salvo Modesto Carranza, todos los involucrados están señalados de vínculos con la delincuencia. Debe repararse en el hecho de que Beltrán Orozco haya solicitado licencia al Congreso de Guerrero el 4 de mayo, supuestamente para hacer frente a las acusaciones de asesinato, y ocho días después se haya desatado la actual crisis en San Miguel Totolapan con el enfrentamiento armado entre Los Tequileros y La Familia Michoacana el miércoles 10 de mayo, con un saldo de ocho muertos, lo que dio lugar a la intervención del Ejército y la policía. Como si la situación política se hubiera trasladado al terreno criminal, y como si el retiro de Saúl Beltrán del Congreso del estado hubiera roto la barrera que contenía las tensiones acumuladas en Totolapan.

Lo que suceda en el fondo en San Miguel Totolapan tiene responsables y amenaza con arrastrar a la población a una peligrosa lucha irracional de facciones. De facciones políticas y criminales, quién sabe cuál infiltrada por la otra. Pero esa descomposición no empezó en diciembre, cuando el secuestro del perredista Isauro de Paz provocó la creación de las autodefensas y el primer arrinconamiento que sufrió el jefe de Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte, debido a la retención de su madre para intercambiarla por el secuestrado. Comenzó mucho antes, y lo que ocurre hoy es la consecuencia lógica de otros acontecimientos que se dejaron pasar en los años previos.

La militancia perredista de Isauro de Paz parece haber tenido una gran importancia en estos hechos, lo que chocó con la militancia priista de la regidora María del Carmen Barrera Navarro, una de las retenidas por la autodefensa y acusada de trabajar para Los Tequileros. La regidora, entregada a la Fiscalía General del Estado y liberada por su fuero y por falta de elementos para mantenerla detenida, como explicó el fiscal Xavier Olea Peláez, fue quien destapó la cloaca ante la posibilidad cercana de que le fueran endilgados cargos de los que se declaró inocente. Ella acusó al presidente municipal Juan Mendoza Acosta de haber encabezado la creación del grupo de autodefensa para defender los intereses de La Familia Michoacana, cártel del cual se desprendieron Los Tequileros y con el que ahora esta banda sostiene una disputa por el control de la región. Según la versión de la regidora, el alcalde perredista está coludido con La Familia.

En el contexto de tales acusaciones surgió por primera  vez el nombre del diputado priísta Saúl Beltrán, quien fue presidente municipal de San Miguel Totolapan en el periodo anterior. La autodefensa lo señaló prácticamente de ser el verdadero jefe de Los Tequileros, y Mendoza Acosta de ser quien le proporciona armas a la banda de secuestradores. En respuesta, Beltrán Orozco acusó al alcalde Mendoza Acosta y al ex diputado federal perredista Catalino Duarte Ortuño –de Zirándaro— de haber hecho “convenios” con Los Tequileros y con La Familia Michoacana. A raíz de estos señalamientos, el fiscal Olea Peláez informó en diciembre que el alcalde Juan Mendoza era investigado por sus presuntos nexos con La Familia.

Quién sabe desde cuándo se desarrolló en San Miguel Totolapan esta trama, pero no hay duda de que el capítulo que está en curso parece haber empezado en las elecciones del 2015. El 5 de mayo de ese año, un mes antes de las elecciones del 7 de junio, el entonces candidato del PRD a la presidencia municipal, Mendoza Acosta, fue “levantado” durante algunas horas por un grupo de la delincuencia, sin que se supiera bien a bien cuál. Una vez liberado, Mendoza Acosta negó haber sido levantado o secuestrado, y sostuvo que él y sus acompañantes sufrieron un asalto y le robaron su celular, motivo por el cual no pudo mantener la comunicación con su familia, lo que a su vez causó la versión de su desaparición. Sostuvo esa versión pese a que fue la dirigencia del PRD la que difundió la noticia de que había sido víctima de un plagio.

El domingo 2 de agosto de aquel mismo año, cuando Mendoza Acosta era ya alcalde electo, continuó lo que empezó en mayo. Ese día fue descubierto en las redes sociales un video en el que el perredista aparece con Raybel Jacobo, El Tequilero, en aparentes negociaciones y rodeados de sujetos con armas. El jefe de los delincuentes deja en claro que ellos hicieron ganar al candidato del PRD y por lo tanto le exigen lealtad una vez que tome posesión del cargo, y el futuro alcalde les dio garantías de que así sería. Debido a la aparición del video, la Fiscalía del estado interrogó a Mendoza Acosta y éste declaró el 6 de agosto que había sido llevado a la fuerza al encuentro con los delincuentes y que le hicieron decir lo que dijo.

Quién sabe cuál sea la verdad de las cosas en torno a Mendoza Acosta, pero es indiscutible que en el primer año de su gestión al frente del municipio la banda de El Tequilero emprendió una actividad frenética y empezó a realizar secuestros masivos. El primero de ellos ocurrió a mediados de enero de 2016 y tuvo como víctimas a 21 vecinos de Arcelia y cinco maestros de Ajuchitlán, que se resolvió por la intervención del gobierno del estado. Hasta entonces se desconocía públicamente la existencia de El Tequilero, y su apodo lo dio a conocer en esa fecha el fiscal Xavier Olea. Ahora se sabe que El Tequilero pertenecía a La Familia Michoacana y acabó distanciado de ese grupo para establecer su propio negocio con base en la comunidad de la que es originario, La Gavia, San Miguel Totolapan.

Sin que esto suponga acusación alguna, si Mendoza Acosta hizo acuerdos con El Tequilero y en el camino lo traicionó para arrojarse a los brazos de La Familia Michoacana, es posible que tal cosa haya generado alguna de las actuales consecuencias. Lo que es indiscutible es que en el municipio de San Miguel Totolapan se han borrado las fronteras entre la política, el gobierno y el crimen. Es lo que pasa cuando la política se vuelve crimen, y el crimen, política. Finalmente todo está relacionado con todo, y el gobierno del estado tiene ahora el doble desafío de combatir a los grupos de la delincuencia y restablecer el orden institucional que los políticos hicieron pedazos.

Periodistas agredidos  

Y, desde luego, la recuperación del orden institucional pasa por el esclarecimiento de la agresión contra los siete periodistas que ayer sábado recorrían la región de Tierra Caliente afectada por la situación en Totolapan.

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