Teléfono rojo/José Ureña
En memoria de Javier Valdez Cárdenas y de Jonathan Rodríguez Córdoba, periodistas asesinados este lunes
Asesinatos
Los crímenes contra la capacidad nacional de informarse y de conocer de los temas públicos, cometidos en las personas de Javier Valdez Cárdenas y Jonathan Rodríguez Córdoba, acentúan la indefensión de los comunicadores de las entidades más problemáticas del país, atenazan la voluntad nacional por la vigencia del Estado de Derecho y se agregan al encadenamiento de violencias que son parte central de la historia reciente del país.
Hubo este martes dos movilizaciones y la misma insistencia a favor de la ley y la libertad para construir desde la información, un mejor debate nacional: frente a la PGR y luego ante la Secretaría de Gobernación.
Los informadores de las entidades cuya situación social y de seguridad habría de ser mejor en condiciones de cumplimiento de la oferta de gobierno, de la solidez institucional y de reconocimiento a la necesidad del trabajo periodístico comprometido sobre los temas que han sacudido al país al menos desde los años 80, están de nuevo de luto.
No solamente es México el segundo lugar en muertes violentas en el mundo según la clasificación conocida y no disputada por las autoridades que prefirieron el silencio incompetente, sino que ahora, en las macabras estadísticas de los informadores, ocurren dos asesinatos de periodistas en un mismo día en dos entidades del norte y occidente del país.
La transición política que se construye en desorden, intuitivamente, de manera ocasional también edificada con apego a prioridades programáticas, debe considerar como central en el proyecto nacional después del 2018 la atención a la violencia contra los informadores en el contexto del Estado de derecho sostenido en instituciones que funcionen para hacer cumplir la ley y castigar su violación.
La secuencia de violencias generadas en la sociedad mexicana se acumula impunemente. Gobiernos de personas democráticas o sin serlo son inhábiles para responder a los quebrantamientos de la ley.
La imposibilidad aparente de cumplir con las expectativas de regiones enteras del país para crecer dentro de la economía formal es una precondición de la violencia; comunidades enteras están inundadas de mecanismos reproductores de la desigualdad social y de modelos de identidad corruptores de la ley. Los cuerpos criminales permanecen impunes y en muchos casos exhiben capacidades superiores a las del Estado, como ahora lo conocemos, y encuentran en el asesinato de periodistas uno de sus recursos más sangrientos.
Valdez y Rodríguez son los apellidos de la tragedia de este lunes y los más recientes nombres del drama nacional localizado en el ámbito preciso de lo periodístico.
La transición política, la falta de orden legal y la incompetencia, son condiciones para la ominosa condición enfrente de nosotros: no serán los últimos.
No existe hoy en sus respectivas familias ni en el gremio periodístico confianza; muy por el contrario percibimos turbulencia, compartimos tristeza, acompañamos luto, entendemos el enojo y vemos diseminada la abierta rabia por tantos asesinatos.