Acusan a Xóchitl Gálvez de solapar privatización de espacio público

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de mayo de 2017.- La jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, se ha negado a notificar a las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Movilidad (Semovi), para quitar las plumas que la asociación de Colonos de Bezares puso y por las que intentaba cobrar a los vecinos de la colonia Lomas de Bezares.

Así lo expone a Quadratín la vecina Mónica del Castillo, nieta del fundador de la colonia, Aquiles del Castillo Gallardo, quien afirma que no está a favor de la inseguridad, sino de lo que podría representar un negocio para la asociación, de un monto de 16 millones de pesos anuales. Por ello, promovió un juicio de amparo para que la delegación cumpliera un apercibimiento para que la asociación retirara la infraestructura y el sistema de telepeaje Tag.

“La sentencia es que la delegación debe cumplir con un apercibimiento y debe notificar tanto a la quejosa, que soy yo, como a la Secretaría de Seguridad Pública, de Movilidad que va a cumplir con la ejecución, hoy se suponía, doy fecha, sólo me notifica a mí, no al juez ni a la SSP o a la Semovi, entonces es una pantomima”, lamenta.

Aclara que las plumas para el paso de los vecinos ya existían desde finales de los noventa, pero con el reglamento que elaboró la asociación y la intención de que las plumas fueran electrónicas, se buscaba que los vecinos mayores de 18 años de las 525 casas habitaciones pagaran una especie de peaje de mil 433 pesos.

“Es confuso, la gente no tiene conocimiento del reglamento, las plumas electrónicas eran un instrumento físico, el reglamento es legal para privatizar el espacio y hacer un gran negocio calculado de 16 o 17 millones de pesos anuales, es buen dinero para la asociación, el comité ciudadano y la delegación, porque le toca su moche”.

Además, la asociación buscaba crear una empresa de seguridad propiedad suya y mandó colocar cámaras a una altura de 20 metros que afectaban la vida privada.

Del Castillo explica que las casetas usarían una tecnología como las de las casetas de cobro de las autopistas, con un sistema TAG, y el reglamento pretendía sancionar económicamente a quienes no pagaran e incluso contemplaba la posibilidad de embargar. Mientras estaba el juicio sólo había colocadas casetas mecánicas y alrededor de 10 por ciento de los vecinos daban una cuota simbólica.

Aclara que en diversas etapas se le había pedido a la delegación hiciera apercibimiento a la asociación, ocurrió con los delegados Víctor Hugo Romo, Humberto Morgan y ahora con Gálvez, quien antes de concluir el juicio buscó a Del Castillo.

“Vino a buscarme a mi casa en 2015, un domingo a las 2 de la mañana quería solucionar conflicto vecinal, le dije ‘no hay conflicto, lo creas tú al no cumplir con la sentencia de parte de la propia delegación contra la asociación de colonos por abusos”, recuerda.

“Esto tiene que ser en el bien común, la asociación no debe lucrar con el espacio público y la asociación tiene la sentencia de otro juicio que obliga a pagar daño patrimonial, redujeron banquetas, alteraron vías públicas y deben pagar y no lucrar con espacio público”, concluye Del Castillo.