Cerca de UAS en Culiacán, 6 muertos en vehículo abandonado
CIUDAD DE MÉXICO, 11 de junio de 2017.- La ausencia de autoridad que apacigüe al crimen, provoca que actores con autoridad moral salgan a dar la cara para acordar, por lo menos, algunas cláusulas de paz y seguridad para ciertos sectores que, en el pasado, gozaban de respeto, señaló la Arquidiócesis de México.
Lo anterior, al recordar el acercamiento que el pasado 28 de mayo sostuvo el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Mons. Salvador Rangel Mendoza, con miembros de la delincuencia para acordar lo que las autoridades ya no garantizan: seguridad.
«Y el clero de la región, así como de otras partes del país, no se salva de este horror que ni siquiera se vio en la era del comunismo o en las persecuciones religiosas, por el nivel descarnado e inmisericorde que la delincuencia hace de la violencia si no hay respuesta a sus demandas y amenazas», advirtió la Iglesia a través de su editorial Desde la fe titulada El país se desangra.
Durante las últimas semanas, en distintas regiones del país, la violencia no ha dado tregua.
Recordó que Tamaulipas ha visto prolongadísimos combates en la disputa por el control de plazas entre cárteles de la droga.
El penal de Reynosa se convirtió en zona de guerra ante la impotencia de las autoridades para controlar la situación; en Veracruz, desde enero hasta abril pasado, se habían dado 620 ejecuciones violentas; en Guerrero, todos los días se reportan asesinatos sin control; Oaxaca padece las mismas circunstancias cuando grupos criminales realizan actos de terror contra la población indefensa. A esto se suman amenazas y amedrentamientos a los ciudadanos, quienes deben sobrevivir en incertidumbre absoluta y estado de indefensión evidente.
«Muchos sacerdotes, en comunidades apartadas del país, son blanco fácil y viven bajo la gran presión del crimen organizado que les impide realizar su misión evangelizadora, prohibiéndoles incluso pronunciar la palabra narcotráfico o hacer algún cuestionamiento que ponga de manifiesto su inmoral actuación, pues lo pagan con la vida; en este contexto, la cuota por derecho de piso para realizar sus actividades parroquiales, resulta lo de menos.
«Mons. Rangel Mendoza dijo que habría entrado en pláticas con los delincuentes, provocando la molestia de autoridades que han enarbolado el discurso triunfalista de “que todo va bien, de que no hay problemas ni dificultades, en el fondo lo que busca ocultar es la verdad”, aseveró.