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CIUDAD DE MÉXICO, 25 de junio de 2017.- El diputado federal del PRD, Arturo Santana Alfaro propuso que se debe crear una nueva fiscalía para atender delitos cometidos contra periodistas, incluidos los presuntos casos de espionaje que fueron revelados en días pasados, ya que, aseguró, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) ha quedado rebasada.
Santana Alfaro aseveró que a pesar de depender de la propia Procuraduría General de la República (PGR), la Feadle no está contemplada en la Ley Orgánica de dicha institución, «es por ello que, de alguna manera, ha perdido credibilidad”.
El perredista, quien también es secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, enfatizó en que la fiscalía que propone debe contar con autonomía plena para atender eficazmente los delitos cometidos contra periodistas, por lo que informó que propondrá reformas a la Ley Orgánica de la PGR.
«A efecto de que se cree una fiscalía con autonomía, que le permita ejercer sus propios recursos y tener personalidad jurídica propia, para darle respuesta a estos sectores que están demandando el combate contra estos delitos”, detalló.
El legislador se refirió a las carpetas de investigación que el titular de la Feadle, Ricardo Sánchez Pérez, anunció que se abrieron por los presuntos casos de espionaje, ante lo cual indicó que se debe de realizar una investigación seria e iniciar una averiguación previa para definir quiénes son los que están cometiendo estos delitos para posteriormente hacer una denuncia de carácter penal, «pero bien sustentada, de lo contrario, estamos ante una simulación gubernamental para combatir estos delitos”, sostuvo.
Santana Alfaro se pronunció por que los titulares de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispertt, comparezcan ante el Pleno de la Comisión Permanente por este presunto espionaje por parte del Gobierno Federal a periodistas y activistas mexicanos.