Nadie puede acusar al TEPJF de alejarse de la Constitución: Mónica Soto
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de julio de 2017.- Al criticar que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) entra en vigor con graves carencias, la Arquidiócesis de México señaló que dicho sistema nace sin la voluntad de la clase política.
«Con esta negligencia surge inevitable una pregunta: ¿por qué la clase política se resiste a terminar con la corrupción? ¿Será porque ésta se ha convertido en su motor?», cuestionó la Iglesia a través de su editorial Desde la fe, titulada Corrupción y negligencia.
Advirtió que la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción llega con un pronóstico fatal que pone en serio entredicho la capacidad de la clase política y la sinceridad de sus intenciones por acabar con el flagelo de la corrupción, «e permea y asfixia la vida pública del país en todos los niveles, afectando las responsabilidades públicas e impactando gravemente en la vida de los ciudadanos, que son víctimas de la misma».
Recordó que una de las promesas de la presente administración, al asumir el cargo en diciembre del 2012, fue acabar con la corrupción.
Al subrayar que la designación de los funcionarios del gabinete no incluyó al Secretario de la Función Pública, dijo que se pronosticaba la desaparición de dicha dependencia y, en su lugar, la pronta aparición de un sistema orgánico, estructurado, independiente y conducido por personas de impecable trayectoria ética, bajo un marco normativo que abarcara los distintos ámbitos de la administración de justicia.
«La designación del fiscal anticorrupción tuvo una pasarela de candidatos que, al final, conformó una lista que está en el cajón legislativo».
«Igualmente, los senadores han dilatado la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa para la integración de las salas especializadas. La falta y violación a los mismos términos impuestos sólo se salva por los argumentos vacíos de los responsables por corregir sus mismas reglas a través de acuerdos, en franca contravención a lo establecido en la Constitución», refuró.
Refirió que las piezas del sistema exigen una coordinación que ya no debería admitir más dilaciones porque la corrupción ha favorecido en gran medida el crecimiento del crimen organizado «–mal que se agrava y cuesta mucho dinero a los mexicanos–; destruye y corroe la vida democrática, y aniquila la marcha del país, cuyas autoridades, por cierto, están seriamente cuestionadas por una ciudadanía en creciente desconfianza».