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CIUDAD DE MÉXICO, 10 de agosto de 2017.- Al defender el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jařab aseguró que desde su perspectiva no se debe ampliar la lista de delitos que suponen prisión preventiva oficiosa, pues conlleva a un riesgo de fabricar ilícitos y potenciar la corrupción.
En su participación en el foro la Justicia que México necesita: mitos y realidades del nuevo sistema acusatorio, organizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, el representante de la Oficina del Alto Comisionado sostuvo que en otros países europeos solo se establece la prisión preventiva cuando hay riesgo de que el acusado se escape, continúe con la actividad delictiva o intente influir en los testigos.
En ese contexto, aseguró: “ampliar la lista de delitos que suponen prisión preventiva oficiosa significaría dos cosas: la tendencia de restringir un margen de la decisión independiente del Poder Judicial y la utilización como castigo”.
Por lo menos en la llamada comunidad de derechos humanos, reiteró que no se desea que el sistema de justicia penal regrese a algo que ha caracterizado al modelo anterior, ni que se adopten propuestas que permitirían la utilización de pruebas por escrito.
En una atípica situación, Jan Jařab admitió que muchas veces es deber de la Oficina del Alto Comisionado criticar la legislación o política vigente e impulsar cambios, sin embargo hoy le toca defender la política actual en la materia.
En una reflexión sobre las críticas que se han escuchado del nuevo sistema de justicia penal acusatorio aseguró que no es perfecto, pues tendrá sus problemas en el primer año de introducción a nivel nacional.
Sin embargo, ante las voces que piden contrarrestar las debilidades del sistema penal mediante contrarreformas, aseguró que según la Oficina que representa sería un paso en la dirección equivocada.
A poco más de un año de la implementación del nuevo modelo penal acusatorio y oral, refirió que hoy parecen memorias distintas y está sujeto a críticas por algunos que siempre desistieron en su instauración.
Llamó a ser cautelosos cuando se habla de los vínculos entre la política penal y el incremento en la inseguridad y de los índices de homicidios.
“Evidentemente la tasa de impunidad sí tiene un efecto importante en la seguridad pero también la tiene la política de seguridad en general, así como la social”, mencionó.
Frente al aumento de homicidios, reiteró que se debe ser escépticos, pues cuando se hablaba de que algunos gobernadores habían logrado bajar los índices de inseguridad y violencia en los estados, hoy son ellos mismos los que están sujetos a procesos penales.
“Es irresponsable culpar al nuevo sistema acusatorio de ser causa de aumentos de niveles de delincuencia y violencia”, recalcó.
“En la mayoría de los casos no es el mal funcionamiento de los jueces, sino de los investigadores que tienen deficiencias en términos de capacidades técnicas”, expresó al referir que en ocasiones órganos de procuración de justicia están acostumbrados a compensar un doble déficit de competencia y confianza a través de métodos que no se pueden admitir en un Estado de derecho.