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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de agosto de 2017.- El presidente de la comisión Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Armando Jesús López Velarde Campa, informó la hoja de ruta sobre el proceso de posible remoción del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado.
Dicha línea de tiempo contempla que en 55 días se presente un dictamen ante el Pleno de la Asamblea para decidir el futuro político de Salgado, luego de que fue acusado de tener vínculos con el líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, abatido por la Secretaría de Marina en julio pasado.
De acuerdo con el legislador, hoy mismo se le notificará al jefe delegacional sobre el proceso que se le sigue, y tiene cinco días para que conteste, 15 días hábiles para que presente pruebas ya sean testimoniales o documentales a su favor, y el mismo lapso para comparecer ante la ALDF.
“En un total de 55 días hábiles tenemos que terminar el trabajo, un dictamen que sea totalmente apegado a derecho y todo mundo sienta que la comisión jurisdiccional no va a solapar una actitud que atente contra la garantía y seguridad de los capitalinos y que sea un precedente para un caso que si no hay elementos para su destitución, dar a conocer un veredicto, un dictamen que se irá al Pleno”, explicó a reporteros.
Aclaró que en cuanto esté listo el dictamen, algo que ocurrirá a finales de octubre, ya no será necesario pasarlo a la Comisión de Gobierno, y cuando se someta al Pleno para que proceda el dictamen debe contar con los votos de dos terceras partes para aprobar la remoción.
También fue cuestionado sobre la posibilidad de que los titulares de las secretarías de Gobierno de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad de México, Patricia Mercado, Hiram Almeida y Edmundo Garrido, respectivamente, comparezcan por el caso, y respondió que sí le pedirán a los funcionarios acudir a la ALDF.
“Hablaré con la secretaria de Gobierno, con el procurador y el secretario Almeida para que den información que tengan al respecto. Ya se aprobó que sí vengan. A mí me dieron un voto de confianza los integrantes de la comisión para que presente el plan de trabajo, citar a estos funcionarios, tendrán que venir, no es una invitación, es un procedimiento jurisdiccional y tenemos que escuchar la verdad de ellos y mejorar y enriquecer la información”, añadió.
López Campa precisó que si bien Salgado es un imputado, no se trata de un juicio político, y no se debe adelantar el sentido del dictamen, como se ha hecho en algunas columnas periodísticas.
“Así es, está sujeto a derecho en cuanto a su función de delegado y él tendrá toda la posibilidad de garantía de audiencia lo que a su derecho convenga”.
Sobre si el delegado debe acudir a la Asamblea, señaló que sus pruebas las puede entregar por escrito, pero se le hará una notificación para que acuda y de la cara tanto ante los legisladores como los medios de comunicación e informe lo que ocurre en Tláhuac.