Gobierno de Morelos pide a CDHM abrir cuenta para pago salarial en UAEM

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de agosto de 2017.- Con respecto de la solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), a petición de las autoridades de UAEM, que argumentan una posible violación al derecho a la educación, el Gobierno del Estado, a través de su Consejería Jurídica, la Secretaría de Hacienda y la Tesorería, manifiestan:

De acuerdo con un comunicado, a CDHM se ha comunicado la aceptación de las medidas precautorias emitidas mediante acuerdo del expediente de queja 203/2017-3.

El Gobierno del Estado solicitó a la CDHM interceda ante el Consejo Universitario, a fin de que, conforme a la Ley Orgánica y el Estatuto que rige a la Universidad Autónoma de Morelos, establezcan un mecanismo con las condiciones jurídicas necesarias, para generar una cuenta o instrumento bancario en el que se depositen las aportaciones estatales en cuestión y con el fin exclusivo de asegurar que se garantice el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores y jubilados universitarios. Ello, para evitar que Alejandro Vera Jiménez desvíe el recurso para otros fines, como lo ha venido haciendo desde 2015.

Señaló que el rector de la UAEM pone en riesgo el derecho a la educación de cuarenta y dos mil estudiantes, al haber contratado en forma ilegal un crédito bancario y poner como garantía los recursos estatales que se aportan a la UAEM.

Dicho crédito, contratado por el rector en 2015, por un monto de 600 millones de pesos, viola la Constitución estatal y la Ley de Deuda Pública, al no contar con la autorización del Congreso del Estado. Viola también los convenios firmados con la Secretaría de Educación Pública, que en ninguno de sus anexos contempla el servicio de créditos bancarios.

Debe quedar de relieve que existe un probable riesgo de generar violaciones graves a derechos humanos en agravio de los alumnos, personal académico y administrativo, así como jubilados de la UAEM, y que dicho riesgo resulta imputable a Vera Jiménez, al desviar las aportaciones estatales destinadas a cumplir las funciones sustantivas de la Máxima Casa de Estudios para dar servicio a un crédito bancario que contrató en forma ilegal.