Congreso podría citar a aseguradoras e inmobiliarias tras sismo

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de septiembre de 2017.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, llamó para que se vigile “con lupa” la actuación de aseguradoras, inmobiliarias y constructoras, luego de las irregularidades detectadas tras el sismo del 19 de septiembre pasado.

Entrevistado en San Lázaro, el legislador no descartó que el Congreso haga valer su facultad y también cite a los dueños de estas empresas que vendieron viviendas con créditos de Fovissste e Infonavit, para exigirles que cumplan con las pólizas respectivas.

Indicó que la Comisión de Hacienda y Crédito Público en San Lázaro tiene la facultad de citar a las aseguradoras para conocer si están cumpliendo con los pagos tras los daños causados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

“Además del análisis del Paquete Fiscal, la Comisión de Hacienda de esta Cámara debe de poner especial atención en el comportamiento de las aseguradoras, y sí podemos, en su momento, citarlas para tener la certeza de que se está cumpliendo y entregando a tiempo los pagos. Lo hicimos hace unos años con los bancos, para supervisar cómo se estaba cumpliendo con el rescate bancario; y pues aquí es más importante, porque es el rescate de las personas”, sostuvo.

En cuanto a las viviendas obtenidas a través de créditos del gobierno como Fovissste e Infonavit, refirió que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), también tiene la facultad de llamar a cuentas a las inmobiliarias que hayan usado dinero público.

“Si alguna de estas desarrolladoras hubiera utilizado créditos de Fovissste, Infonavit, o el propio subsidio de vivienda que otorga el Gobierno federal, entonces tenemos injerencia directa sobre éstas y, por supuesto, se les puede llamar a cuentas”, sostuvo.

Explicó que, en el caso de las inmobiliarias que no utilizan el financiamiento público, se tendría que citar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), para que éstas sean interlocutoras entre las desarrolladoras y la Cámara de Diputados.