Piden no aprobar ley de reconstrucción; beneficiaría a inmobiliarias

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de octubre de 2017.- Organizaciones vecinales como Vecinos Unidos Unidos, La Voz de Polanco, SumaUrbana y Va por mi Gente pidieron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no aprobar la iniciativa de la Ley de Reconstrucción enviada por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

De acuerdo con las organizaciones, que dieron a conocer un documento sobre su oposición a dicha iniciativa, consideran que la propuesta del mandatario capitalino solo beneficiará a lo que denominaron “el cartel inmobiliario”.

“Como está planteada la iniciativa y de acuerdo a la experiencia vecinal de los últimos años, beneficia esencialmente a los desarrolladores, utilizaría fondos y predios públicos, permitirá evadir la Ley y los programas delegacionales de desarrollo urbano, otorgando beneficios fiscales, financiamiento con donaciones, exentando de trámites a las constructoras, con un manejo discrecional de la información al no hacerla pública, además de no presentar un diagnóstico y plan de reconstrucción con datos abiertos, excluyendo la participación de la ciudadanía y los afectados”, según el documento.

Uno de los cuestionamientos de las organizaciones, y de personajes como el ex delegado de Benito Juárez, Ricardo Pascoe, es que para la participación de inmobiliarias se confiará en el principio de buena fe, lo que abrirá la puerta a los incumplimientos. También criticó los beneficios para el sector inmobiliario, con recursos para la reconstrucción.

“Los beneficios van dirigidos al sector inmobiliario con alto poder de inversión, utilizando además los fondos y recursos destinados a los damnificados del sismo, lo que redundará en un gran negocio, pues el inversionista podrá además construir hasta 35 por ciento de más pisos, superficie o número de viviendas, respecto a lo que había antes de que se demoliera, de manera que si la edificación previa era ilegal porque tenía más niveles, el 35 por ciento adicional se erigirá sobre el número ilegal de pisos, que además también podrá hacerse en los que solo se refuercen, es decir, se podrán agregar más pisos a edificios dañados”.

Asimismo, alertaron que ante el desaseo que han mostrado los directores responsables de obra (DRO) se abre otra puerta, la de dictaminar inmuebles inhabitables para que el sector inmobiliario se quede con ellos.

“El decreto, de aprobarse, otorgará facilidades administrativas, fiscales y de financiamiento a todos los inmuebles que los DRO’s y Corresponsables en Estructuras de SEDUVI clasifiquen como inhabitables, lo que abre la puerta a abusos en el proceso, pues por medio de una gratificación al DRO –única instancia facultada para emitir dictamen—podrían enlistarse edificios que no necesariamente tengan esa condición”, de acuerdo con el documento.

“Lo anterior permitiría al sector inmobiliario apropiarse de predios de alta plusvalía, lo cual representa un mecanismo de despojo a quienes los habitaban, y con las facilidades en trámites expuestas arriba, puede preverse que el capital inmobiliario inicie en lo inmediato una puja por adquirir edificios presuntamente afectados por el sismo”.

La propuesta de los firmantes es iniciar de inmediato un plan de reconstrucción de la mano de la ciudadanía, los damnificados y especialistas independientes, con base en el Atlas de Riesgo, respetar los programas delegacionales de desarrollo urbano vigentes, bajo el enfoque del Derecho a la Ciudad, con los recursos públicos y de donaciones concentrados en un fideicomiso público auditable y vigilado en su aplicación por una comisión ciudadana propuesta por Organizaciones de la Sociedad Civil independientes.