Cerramos la etapa del institucionalismo neoliberal, considera Monreal
CIUDAD DE MÉXICO, 13 de octubre de 2017.- Al saludar la aprobación de la Ley Sobre Desaparición Forzada, la senadora Iris Vianey Mendoza aseguró que se está atendiendo una exigencia humana primaria, el derecho a la libertad y a la vida.
“Es muy importante la aprobación de esta ley para las víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, para este Congreso y para este país, en ese orden de importancia, pues se está emitiendo una legislación que desde hace más de cincuenta años ha venido haciendo falta en nuestra normatividad nacional: una ley para buscar e investigar sobre el paradero de personas que sus familiares, amigos, personas cercanas y conocidas no saben dónde están”.
“Durante la época de los 60, 70 y 80, se inició en nuestro país la práctica de privar de su libertad a las personas disidentes sociales y políticos del régimen de partido único. Desde entonces, las madres agrupadas en el entonces Comité de Familiares de Desaparecidos, ahora Eureka y la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas (Afadem) empezaron a buscar a sus seres queridos”, refirió la legisladora.
Recordó que hace una década el fenómeno de la desaparición se incrementó al mismo tiempo que la violencia se fue volviendo epidémica y a partir de mayo de 2011, miles de víctimas rompieron el silencio al que los obligó las amenazas de autoridades y criminales cuando iban a denunciar.
“La negligencia e inferencia de los poderes, también el legislativo, que a pesar de que la exigencia de una ley de desaparición tiene al menos 14 años desde que se presentaron las primeras iniciativas fue omiso, y demandaron que sus vivencias como víctimas del delito y víctimas de violaciones a derechos humanos tuvieran una respuesta y se institucionalizara estructuralmente la exigencia de buscar y encontrar a sus seres queridos desaparecidos como primera acción y, también a investigar y sancionar el delito”, puntualizó.
Señaló que con la Ley se crea un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y 32 Comisiones Locales de Búsqueda de personas desaparecidas, estructuras que incorporan la participación de familiares y organizaciones de la sociedad civil, para dar con el paradero de las personas.
A su vez, la Ley reconoce y sanciona los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; promueve investigaciones exhaustivas -mediante la creación de Fiscalías Especializadas-; y establece mejores condiciones para acercarnos a la verdad, la justicia, el castigo a los culpables, y para romper los patrones crónicos de impunidad que envuelven a esta práctica atroz.
“Nos falta mucho por hacer en esta materia, enhorabuena por las familias, por los colectivos de víctimas, por quienes no han bajado la guardia, por quienes dictaminaron y colaboramos en la creación final de esta Ley”, concluyó.