Defiende Sheinbaum desaparición del INAI y otros 6 organismos autónomos
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2017.- El Senado de la República objeta la remoción del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, emitida por el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán.
El PAN, PRD y PT-Morena adelantaron su defensa de la democracia por medio del voto ponderado de sus integrantes y cuando la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado determine cuándo se abordaría este tema de manera inmediata.
En procedimiento jurídico a seguir, una vez que el Senado se impone de la remoción dictada por parte de la PGR, el Presidente de la Mesa Directiva da cuenta al Pleno y turna el asunto a la Comisión de Justicia, que fue la competente de evaluar y dictaminar el nombramiento del Fiscal Especial.
Esta comisión, para efecto de garantizar el derecho de audiencia del servidor público removido, deberá solicitar su comparecencia a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga, a fin de contar con elementos objetivos de juicio para la resolución.
En un ejercicio de rendición de cuentas, asimismo el encargado de despacho de la PGR deberá comparecer ante la comisión para explicar los motivos y fundamentos que determinaron la remoción del titular de la Fepade.
Luego de un análisis de los elementos de juicio con que cuente la Comisión de Justicia se emitirá dictamen por el voto mayoritario de sus integrantes, mismo que será hecho del conocimiento de la Mesa Directiva del Senado, para que se incluya en agenda de la sesión ordinaria del Pleno en la que haya de resolverse.
La resolución del Pleno deberá tomarse por la mayoría de los legisladores presentes mediante votación nominal del dictamen emitido por las comisiones. Todo el procedimiento debe realizarse en el plazo de diez días hábiles.
En consecuencia, se restituiría de inmediato a Santiago Nieto en el ejercicio de su encargo y funciones.
El pasado 20 de octubre, la PGR informó a través de un comunicado de prensa que el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, actuando en suplencia del Procurador General de la República, removió de su cargo al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
La razón que expresa el comunicado, es que “el referido servidor público transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta”. Expresión que, según senadores de oposición, se realiza en un contexto que genera serias dudas respecto de los motivos que condujeron a ese servidor público del Ejecutivo a tomar esa extrema decisión.
Dicho contexto está determinado por la investigación criminal en torno del grave caso de corrupción internacional denominado Odebrecht, que alcanza al gobierno mexicano, específicamente a altos funcionarios y exfuncionarios de Pemex, y que involucra incluso a la campaña electoral presidencial de 2012.
Una denuncia presentada por un partido político, fueron causa para que la Fepade abriera una carpeta de investigación, por la probable comisión de delitos relacionados con el financiamiento ilícito de campañas políticas electorales y comenzó a acumular elementos. La tensión desembocó en una reciente controversia pública y en la remoción del titular de la Fiscalía Especializada.
Es la única fiscalía de la PGR que ha consignado a dos ex gobernadores: César y Javier Duarte, que investiga al ex gobernador de Quintana Roo y al candidato del PRI de ese estado, e integró carpetas de investigación respecto de los conocidos casos de Diana Karina Velázquez, presidenta del Congreso y militante del PRI en el Estado de Chihuahua, indagada como parte de la operación por la que se investiga a César Duarte.
También a Roberto Borge, ex gobernador del Estado de Quintana Roo, investigado también por el presunto desvío de recursos públicos a la campaña electoral de candidatos de su partido y Rigoberto Salazar, ex secretario de Desarrollo Social del Estado de Colima, investigado por presunto desvío de recursos públicos para financiar actividades de su partido político.
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