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CIUDAD DE MÉXICO, 1 de noviembre de 2017.- El Pleno de la Cámara de Diputados pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre las medidas impuestas desde el pasado 9 de octubre a la empresa First National Security en Cancún, Quintana Roo.
Los diputados federales piden a la Procuraduría que exponga detalladamente las acciones realizadas, así como su motivación y fundamentación.
El acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que fue aprobado por los legisladores, pide a la PGR, a través de los órganos competentes, ejecutar las acciones necesarias para garantizar el pleno acceso a los bienes de los usuarios de First National Security, conforme a las medidas impuestas y de acuerdo en lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que establezca las acciones necesarias para proteger los de los usuarios de los servicios prestados por dicha empresa.
El diputado del PRI José Luis Toledo expresó que la autoridad debe respetar los derechos humanos cuando se trate de cualquier actuación que afecte bienes y derechos; mientras que la panista Patricia Sánchez Carrillo afirmó que estos sucesos han levantado ámpula en ese por lo que exigió respeto para la ciudadanía de aquella entidad.
“Espero que podamos tener un acuerdo en beneficio de la sociedad. Cancún merece respeto, somos mexicanos, no nos acerquemos por ningún motivo y por ninguna razón a pensar que estamos en Venezuela. Exigimos respeto para Quintana Roo y para toda la República”, aseveró.
La diputada del PRD Ivanova Pool Pech refirió que este acto viola la presunción de inocencia de todos los ciudadanos afectados con estas cajas de seguridad intervenidas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
“Lo que se pretende es ofrecerle garantías para recuperar a los ciudadanos sus bienes y valores, y que las autoridades de procuración de justicia actúen con imparcialidad y completo apego a la legalidad”, exigió.