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CIUDAD DE MÉXICO, 10 de noviembre de 2017.- Es responsabilidad de los Estados la identificación de posibles víctimas de trata de personas, por lo que se requiere capacitación adecuada de las autoridades e involucrar a las organizaciones sociales y ONG´s, señaló la presidenta del grupo de expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa, Siobhán Mullally.
En su visita al Senado de la República para sostener el Conversatorio de Trata de Personas desde una Perspectiva Internacional, convocada por la Comisión contra la Trata de Personas, que preside la senadora Adriana Dávila Fernández, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), expuso que se pide a los Estados un reporte de seguimiento anual sobre recomendaciones contra este delito, sobre todo en tráfico infantil y de migrantes.
En su intervención, Marika McAdam, especialista en Derechos Humanos, Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, advirtió que especialmente en México, mujeres y niñas son las más vulnerables a ser víctimas del delito, más que los hombres, el cual puede ser con fines de explotación sexual o laboral.
Otro ejemplo de abuso de la posición de vulnerabilidad, explicó que es cuando personas que no tienen para comer, solicitan empleo y se les contrata con menos del salario mínimo y en condiciones infrahumanas.
“El delito de trata de personas no debe estar sin una consecuencia y la legislación en la materia debe ser clara y precisa sobre la identificación, persecución y sanción”, reiteró.
Siobhán Mullally refirió sobre un sistema de monitoreo para combatir este delito, además de subrayar la importancia de vigilar los centros migratorios.
La Presidenta del Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa, alertó que la trata de personas es un crimen muy serio y una violación a derechos humanos, por lo que Estados deben tomar en cuenta equidad de género en políticas contra este crimen.
Cuando se tiene conocimiento de que una persona es víctima de trata, la clave de la protección es que no puede estar sujeta a remoción por el Estado y deben de tener acceso a ciertas medidas de asistencia, tratamiento médico y un nivel de consejería.
La Convención internacional establece que los Estados por ley se tiene que exigir una compensación de los delincuentes a sus víctimas.