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CIUDAD DE MÉXICO, 4 de diciembre de 2017.- Si bien la emisión de un instrumento normativo en materia de Seguridad Interior podría explicarse en el contexto del abatimiento de la violencia, del combate a la inseguridad y el desarrollo de actividades ilícitas, lo cierto es que la propuesta de Ley cuya aprobación se plantea trasciende, por mucho, el ámbito estrictamente vinculado a la seguridad de las personas, generando el riesgo potencial de que pueda aplicarse discrecionalmente a cualquier tipo de actividad humana, en tanto la misma sea calificada de riesgo a la Seguridad Interior, sin que existan parámetros objetivos para ello.
Así lo sostuvo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante la inminente discusión de la propuesta de ley en materia de Seguridad Interior en el Senado de la República, dentro del proceso legislativo que se sigue para su eventual aprobación.
En su posicionamiento, la CNDH indicó que las relevancia de las tareas que las Fuerzas Armadas llevan a cabo, desde hace más de diez años, como consecuencia de la crítica situación de violencia e inseguridad que ha enfrentado nuestro país, derivada de las actividades ilícitas vinculadas a organizaciones criminales, ha propiciado que se plantee la conveniencia de emitir una ley en materia de Seguridad Interior como una vía para dar mayor sustento jurídico a tales tareas y proporcionar mayor certidumbre a las relaciones que se presenten entre autoridades y gobernados en este contexto.
Refirió que, la aprobación de la propuesta de ley en los términos en que se presenta, genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, al conceder al Poder Ejecutivo Federal facultades extraordinarias para ordenar, de manera discrecional, la movilización de las Fuerzas Armadas y aplicar condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana.
El Organismo Nacional lo señaló, en el ámbito del reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos, los potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión son múltiples y de diversa gravedad.
«Tan sólo por mencionar algunos, se podrían referir desde las imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior; una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica; la imposición de una reserva absoluta sobre la información que se genere lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de transparencia; la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito».