Abanico
La mano negra de la CFE
Pedro y Manuel nunca se imaginaron que solicitar información sobre algunas obras realizadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y manifestar su inconformidad hacia estas, les iba a costar la cárcel, al igual que a otra treintena de personas.
Muchas de ellas sufrían cobros excesivos en el pago del servicio de electricidad. Luz Contreras se quiso desmayar de coraje e impresión cuando le llegó a su domicilio un recibo bimestral por ¡52 mil 921 pesos!, a razón de 840.01 pesos diarios, algo totalmente inusual para una casa habitación.
De manera sistemática y fundamentalmente en el Estado de México, durante el último año, las autoridades policiacas de esa entidad, en coordinación con la Procuraduría General de la República (OGR) han desatado una cacería en contra de quien se oponga a cualquier obra de la CFE o que manifieste su malestar por cobros excesivos por parte de la paraestatal.
Basta ver el listado de personas detenidas por cualquiera de estos motivos. El 9 de agosto de este año, José Pedro Moreno Herrera y Manuel Damián Mendoza protestaban en la calle de Gladiola, municipio de Naucalpan, Estado de México, por las obras que realizaba la CFE de cambio de cableado.
En el lugar, solicitaron a un funcionario de la CFE que se les informara la razón por la cual se hacía el cambio para quitar el cable de cobre, más adecuado para la conducción de la electricidad, para sustituirlo por aluminio, de menor calidad.
Pedro y Manuel consideraron que se trataba de una acción urgente para beneficiar a contratistas privados con esas obras. “Son unos indios ignorantes”, fue la única respuesta del funcionario de la CFE presente. En el momento, fueron detenidos por policía municipal y, en lugar de presentarlos ante un ministerio público estatal, de manera directa fueron entregados a la Procuraduría General de la República.
Con rapidez inusitada fueron enviados al penal de alta seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez, en donde fueron acusados de acuerdo al artículo 185 del Código Penal de oponerse a la realización de una obra pública, sólo por el hecho de manifestar su inconformidad y solicitar información de la misma.
Afortunadamente para su causa, el juez al que se le turnó su caso los dejó en libertad, pues consideró que dichos hombres únicamente actuaron en defensa de sus derechos.
Una situación mucho peor, fue la sufrida por América Aberoa Estefan, quien fue detenida el 4 de octubre por policías municipales también de Naucalpan, mientras protestaba por obras que la CFE efectúa en el sitio.
Apenas se había alejado unas cuadras del lugar en donde fue la muestra de protesta, cuando policías la detuvieron y entregaron a la PGR. Sin embargo, en el trayecto fue violentada sexualmente por los elementos policiacos, que la obligaron a desnudarse, al grado de que por el susto, perdió el control de sus esfínteres.
El 24 de mayo, en Chimalhuacán, Armando Flores Fernández, Refugio Reyes Saucedo, Severiano Cotoñeto Escobedo, Eleuterio Felipe Sabas y Margarita Hernández Hernández, fueron detenidos por una protesta similar. Algunos de ellos son adultos mayores y, sin embargo, fueron obligados a desnudarse.+
A esta larga lista se suman: Sergio Cruz Cruz y Bonifacio Reséndiz Ramírez, en Atizapán; Alfredo Inocencio Mendoza Hernández, Roberto Alemán González y Julio Flores Cruz, en Cuautitlán Izcalli, y Eduardo Téllez Crisóstomo, Enrique Ortiz Victoria y Alberto Márquez Jiménez, detenidos en Ixtapaluca, entre otros.
Sayuri Herrera, abogada de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), lo ve de una manera clara “se trata de la criminalización de la protesta” y agrega que el artículo 185 del Código Penal Federal es ambiguo, pues deja a la interpretación libre de los juzgadores si una persona por el sólo hecho de inconformarse por una obra pública se está oponiendo a ella, lo cual es inconcebible.
Menciona que en el caso de la mayor parte de estas personas, los jueces han actuado conforme a derecho y las han dejado en libertad, afortunadamente.
Comenta que la realidad demuestra que la PGR ha actuado con celeridad en El Estado de México, en los casos en que se han producido protestas en contra de obras de la CFE efectuadas por proveedores privados. “Es como poner el derecho al servicio exclusivo de intereses particulares”, añade.
Sayuri opina que la ANUEE puede considerarse como el último bastión que se opone a la Reforma Energética y quizá, por ello, persista esa persecución oficial en contra de la organización o de quienes se muestran afines a sus acciones.
Irracional, la falta de contratos
En cualquier servicio público o privado establecido entre una empresa y consumidores, existe un contrato de por medio, lo cual no hay, por parte de la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios, señala Aurora Vázquez, representante de la ANUEE.
La CFE recibió en comodato a la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro y empezó a cobrar lo que quiso, sin ninguna explicación para el público. Desde 2010, con la controvertida medida de Felipe Calderón empezaron los abusos de la CFE y no han podido ser detenidos.
Aurora relata que los consumidores no se niegan a pagar, pero quieren que se aclaren las reglas, que se fije un contrato que determine cuánto cuesta el kilowatt hora.
El problema se complica, si se toma en cuenta que en 2018 se abre el mercado del suministro del servicio de electricidad para otros participantes privados, ya que no se ha definido cómo se medirán sus cobros.
El problema de los cobros excesivos o sin explicación, ha generado un problema mayúsculo, de tal manera que se calcula que en la parte centro del país en donde Luz y Fuerza del Centro operaba, aproximadamente 600 mil usuarios no pagan el suministro de electricidad.
De 2009 a la fecha, se ha presentado 700 mil quejas en contra de cobros excesivos de la CFE, de los cuales 70 mil usuarios, agrupados en la ANUEE, no están dispuestos a pagar lo que la paraestatal quiere y que, muchas veces, raya en el abuso.