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CIUDAD DE MÉXICO, 9 de enero de 2018.- La Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Permanente presidida por el senador José María Tapia, aprobó 13 dictámenes de punto de acuerdo en materia de seguridad referentes a feminicidios y agresión, mejoramiento de seguridad pública y delitos cometidos en los sistemas de transporte colectivo.
Entre estos dictámenes destaca el que solicita a las entidades federativas con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, que en el marco de sus respectivas atribuciones difundan la información general y estadística sobre los casos de violencia feminicida y de género, a fin de promover la transparencia de dicha información.
Lo anterior luego de que las cifras que se recolectan y forman parte del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, no reflejan información explícita sobre los casos de feminicidios en las diferentes entidades que lo conforman.
Este punto de acuerdo destaca que la violencia contra las mujeres, resultado de una situación de desigualdad y la falta de cifras concretas en las entidades federativas sobre los casos de violencia feminicida, “obstaculizan el desarrollo de políticas públicas y acciones emergentes que eviten o, en su caso, disminuyan los casos de violencia contra las mujeres y niñas”, se lee en el documento.
Siguiendo con el tema de la violencia a las mujeres, también se pidió a la PGR y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así como al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a que informen al Congreso las medidas y acciones emprendidas en materia de lucha contra la violencia de género y protección a las mujeres.
Esto, derivado de los datos oficiales en la entidad que citan a 164 mujeres desaparecidas, mientras que organizaciones locales dicen que son cerca de 500.
Mientras tanto, en otro punto se pide al Gobierno de la Ciudad de México que, a través de sus secretarías de Movilidad y de Seguridad Pública, y en coordinación con la Dirección General del Metrobús, fortalezcan sus estrategias en materia seguridad a fin de combatir la incidencia de delitos cometidos en dicho transporte público.
Lo anterior luego de que se tienen 294 asaltos registrados en el Metrobús, de acuerdo a notas periodísticas, “lo cual es un panorama que vulnera la tranquilidad e integridad de los usuarios”. En ese mismo sentido, se pide también al gobierno de la CDMX y a la Procuraduría General de Justicia capitalina, que en el marco de sus respectivas atribuciones fortalezcan las acciones para combatir la delincuencia e inseguridad en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Asimismo, también en materia de seguridad se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Gobernación y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que, de manera coordinada, refuercen las acciones y estrategias de combate a la delincuencia organizada para garantizar la seguridad y la integridad de los trabajadores del campo y sus familias.
Dicho exhorto se hace luego de conocerse la difícil situación que viven los campesinos por la falta de apoyos gubernamentales para la producción y comercialización de sus productos; aunado a esto, la presión del crimen organizado empeora las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.
En otro dictamen más se exhorta a la PGR a fortalecer los protocolos que garanticen el debido proceso legal de los indiciados, respetando en todo momento sus garantías individuales.
En lo que se refiere a la seguridad e desastres naturales, se avaló pedir al Sistema Nacional de Protección Civil que fortalezca las campañas nacionales de prevención que informan a la sociedad sobre las diversas medidas a seguir en caso de desastre o emergencia, dando especial énfasis al tema de los sismos.
Esto tendría como objetivo que en los simulacros toda persona conozca las medidas a seguir, así como los lugares de protección que pudieran utilizar en caso de presentarse un movimiento telúrico. Al respecto, se pidió al jefe de Gobierno capitalino que garantice la prestación de los servicios en los albergues de la demarcación “bajo condiciones de estancia digna, entre ellas sanitarias, de esparcimiento y seguridad”, señala el documento.