Transformando/Lourdes Sierra Arenas

¿Quieres acabar con la corrupción? ¡Predica con el ejemplo!

**Lourdes Sierra Arenas

La mejor sabiduría es la de mi abuelito y mi abuelita, platicó la tía Concha,  una de esas tardes frías en su casa en el bello pueblo de Xochicoatlán, Hidalgo. ¿Quieres que tu hijo te haga caso? ¡Predica con el ejemplo!, dijo fuertemente y soltó la carcajada, remembrando los consejos de sus abuelos de cómo debería educar a sus hijos. Las frases son profundas porque se aplican en cualquier aspecto de la vida social y la mexicana no es la excepción. Si se quiere acabar con la corrupción, ¡hay que predicar con el ejemplo!

Es relevante que los equipos negociadores del Tratado de Libre Comercio (TLC) de Norteamérica, encabezados por el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, el secretario de Economía de México,  Ildefonso Guajardo, y Chrystia Freeland, Ministra de Asuntos Internacionales de Canadá, hayan cerrado el Capítulo de Anticorrupción, en la sexta ronda de negociaciones, que contempla penalizar prácticas corruptas de los gobiernos y las compañías, combatiendo el soborno, desvío de recursos, cohecho internacional, peculado y malversación de fondos. Sin embargo, sería igual de relevante que las comisiones de Justicia y Anticorrupción del Senado de la República, que presiden la panista Ma. Del Pilar Ortega Martínez, y el priista Héctor Yunes, respectivamente, y la Junta de Coordinación Política hagan su trabajo para que el  pleno elija al Fiscal Anticorrupción. ¡Hay que predicar con el ejemplo!

A esta tendencia de “empujar” a la autoridad mexicana y a los distinguidos senadores desde los organismos comerciales para combatir la corrupción y sus efectos negativos, por lo menos, en el ámbito de las inversiones y el comercio, se sumó la Unión Europea. De acuerdo a reportes periodísticos, en las próximas negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica entre México y Europa , los europeos plantean en propuesta el impulso a la transparencia, el desarrollo de códigos de conducta, el mejoramiento de los registros contables, así como los estándares de auditoría y certificación en el sector privado; y el que los países impulsen medidas de prevención de conflictos de intereses con la imposición de  restricciones específicas a ex funcionarios públicos, según corresponda y por un periodo razonable.

El Capítulo Anticorrupción del TLCAN y la propuesta de la Comisión Europea en el del Acuerdo de Asociación Económica, parecen la respuesta a la solución de una problemática que sectores de la sociedad mexicana visualizan en titulares de la prensa que no dejan de reportar actos de corrupción que involucran a funcionarios y gobernadores.

Dificultad que viven y perciben un elevado porcentaje de personas desde el 2016, como lo reporta El Barómetro de Corrupción Global,  titulado “Corrupción y Gente: América Latina y el Caribe”, publicado por Transparencia Mexicana en enero del 2017. El 47% de los encuestados consideró  que la policía y los funcionarios públicos son corruptos -“esto indica un grado de confianza en las instituciones alarmantemente bajo”, (sic)-, el 61 % cree que el nivel de corrupción ha  aumentado; y el 61 % calificó que  el gobierno está haciendo las cosas mal en contra de la corrupción.

El documento del organismo, también informa que el 51% de los encuestados dicen haber sobornado a un funcionario, para acceder a los servicios básicos; en particular, en las escuelas, servicios de salud y documentos de identidad. Aspecto crítico que, sin embargo, no creo que sea una cultura en la sociedad, por la oposición de importantes sectores a esta práctica y la magnitud de sus consecuencias negativas en la vida diaria y en la interrelación económica y comercial, como ya quedó de manifiesto en este último rubro y que ha motivado la iniciativa de los socios comerciales tanto de Norteamérica como de Europa a la implementación de medidas en los tratados y acuerdos.

¡Hay que predicar con el ejemplo!, responsabilidad que corresponde a la autoridad gubernamental y senadores procediendo cada quien en el ámbito que le corresponde para revertir este cáncer que afecta a todos.

En este aspecto, Transparencia Mexicana enfatiza que es necesaria una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa; su diseño deberá permitirle emprender acciones decididas, sistemáticas y permanentes para desmantelar redes de corrupción. En tanto, el Congreso de la Unión, y en particular los Congresos Locales, deben cumplir su función constitucional de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local.

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**Consultora en comunicación y fans del desarrollo humano.