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CIUDAD DE MÉXICO, 26 de febrero de 2018.- Al asumir la Presidencia de la República Felipe Calderón, los niveles de violencia eran los más bajos de la historia del país; sin embargo, a partir del despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado en algunas regiones, se triplicó la tasa de homicidios, advirtió Jorge Javier Romero, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Al participar este lunes en la mesa uno de la Segunda conferencia internacional sobre seguridad y justicia en democracia: hacia una política de estado centrada en los derechos humanos, la cual llevó por título: Estado actual de la seguridad y los derechos humanos en México, el catedrático señaló que dicha política de seguridad afectó el respeto a los derechos humanos, sobre todo porque se registraron violaciones a los mismos atribuibles a los integrantes de las Fuerzas Armadas.
“Aumentaron los índices de tortura, amenazas y malos tratos durante las detenciones efectuadas por elementos federales contra presuntos miembros del crimen organizado. Además, a pesar de que la presente administración de Enrique Peña había anunciado un cambio de estrategia, que incluía la creación de la Gendarmería Nacional, en realidad se continuó con el mismo esquema de recurrir a las Fuerzas Armadas para inhibir la comisión de ilícitos”, sentenció.
El investigador de la UAM sostuvo que la Ley de Seguridad Interior es una normatividad que regulariza la posibilidad de acudir a las Fuerzas Armadas para atender situaciones de inseguridad, que tiene muy pocos controles, grandes espacios de arbitrariedad y es de dudosa constitucionalidad.
“Además de que no genera incentivos para enfrentar el problema como la creación de cuerpos y estrategias civiles de seguridad”.
“Es una ley que permite que los estados se desentiendan de sus problemas de seguridad y soliciten la intervención de las Fuerzas Armadas, que también institucionaliza una política fallida y que atenta contra los derechos humanos”, expresó.