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CIUDAD DE MÉXICO, 3 de marzo de 2018.- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina buscará que un juez de control vincule a proceso a dos hombres, de 35 y 49 años de edad, detenidos durante la cumplimentación de una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Gabriel Hernández, delegación Gustavo A. Madero, donde se encontraron diversas cantidades de marihuana, un arma de fuego y cartuchos útiles de diferentes calibres.
Durante el operativo, añadió PGJ en un comunicado, efectuado en la madrugada de este viernes, elementos de la Policía de Investigación (PDI) localizaron el narcótico en varias bolsas de plástico y una caja de cartón, así como en dos envoltorios, uno de ellos elaborado con papel periódico y el otro confeccionado con plástico y cinta canela.
En diversas ocasiones durante el trayecto, los policías de investigación tuvieron que abrir camino por la brecha de difícil acceso vehicular, en donde se colocaron piedras y troncos de árboles. Cuando llegaron hasta el final del camino vehicular, siguieron aproximadamente un kilómetro y medio a pie.
Al llegar al domicilio los elementos policiales se encontraron con una puerta reforzada, por lo que fue necesario el trabajo del Grupo Especial de Reacción e Intervención.
Al entrar al inmueble, los elementos de la PDI fueron agredidos con disparos de arma de fuego; mediante el protocolo de actuación policial repelieron el ataque y lograron someter a los ahora imputados.
A éstos se les aseguraron 53 balas calibre 223 y 762; 20 para una pistola nueve milímetros, cinco de ellas dentro de un cargador metálico; ocho calibre 38 y un chaleco táctico de color negro.
Los imputados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo, quien inició una indagatoria por el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de posesión con fines de comercialización.
Peritos en balística realizan los exámenes pertinentes en el arma de fuego para determinar si se encuentra relacionada con más ilícitos.
El representante social continúa la integración del expediente a fin de solicitar audiencia inicial ante un juez de control para que califique como legal la detención de los probables participantes y los vincule a proceso.
Si se determina la culpabilidad de los imputados pueden alcanzar una pena de hasta seis años de cárcel.