Autoridades fomentan impunidad y alza de feminicidios

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de marzo de 2018.- La impunidad es el principal elemento a favor del crecimiento de los feminicidios en México, afirmó la senadora Lorena Cuéllar, al presidir el Foro Violencia Contra la Mujer, durante el cual familiares de las víctimas exigieron a las autoridades de justicia «actúen ya».

Cuéllar Cisneros subrayó que la ONU Mujeres ha señalado que México registra un elevado índice de asesinatos por género con 7.5 al día, razón por la cual es el país con más recomendaciones en la materia por parte de los organismos internacionales de derechos humanos, «y el que más ha sido omiso en asumirlas».

La ONU Mujeres refiere que, entre 2007 y 2012, hubo un repunte de 138 por ciento de feminicidios, el más elevado en la historia del país.

Entre 2012 y 2015, se registra una disminución, hasta llegar a 35 casos, valor inferior al de 1985, pero que aún representa casi el doble del de 2007.

En 2016 la tasa aumenta ligeramente por encima de la registrada en 2013, implica un promedio de 7.5 asesinatos de mujeres por día.

Lorena Cuéllar dijo que presidió el foro, como una víctima más del feminicidio: «Hace 15 años viví el asesinato de mi madre, en su domicilio; después de una gran lucha de la familia, nunca pudimos saber la verdad, por eso entiendo el dolor, no es desconocido. El 17 de diciembre de 2002, es la fecha que marcó mi vida, no es nada sencillo seguir día a día luchando para que su memoria no quede impune. Entiendo el reclamo, y lo que pueda hacer, lo haré».

Magdalena Valverde,expuso el asesinato de su hija Fernanda Sánchez Velarde, de 18 años, con cuatro meses de embarazo, en enero de 2014, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Denunció que le negaron el derecho de entrar a la casa de Fernanda, de reconocer su cadáver, sólo se permitió acceder a la familia del esposo, de quién no puede dar su nombre, por motivos de protección de sus derechos humanos.

El acta de defunción fue elaborada por una familiar del esposo, la agente del Ministerio Público, María Díaz, dictaminó suicidio. Cuando finalmente le entregaron el cuerpo de su hija, presentaba golpes y rasguños en todo el cuerpo y cortes en las venas realizadas después de muerta.

Magdalena comenzó a exigir justicia, a participar en marchas; tres años después, sus hijos asisten a una fiesta en Cuautitlán Izcalli, donde fueron levantados, se localizan y capturan a tres sospechosos, a los que las autoridades policiacas del Estado de México pretenden dejar en libertad.

Aroldo Jiménez denunció que su hija de 15 años, Daniela Jiménez, fue asesinada, en octubre de 2016, en Montemorelos, Nuevo León; sufrió seis heridas de arma punzo cortante en la cara y cuello, golpes en la cabeza y fractura de los dedos de las manos.

Diego N., compañero de la escuela de Diana se declaró culpable del asesinato; hasta febrero de 2017 fue sujeto, mediante procedimiento abreviado, sólo a dos años en un internamiento de menores; pero el 31 de agosto de ese mismo año fue trasladado a la Ciudad de México, pues la familia pretende que le sea reducida la condena, «por buena conducta».

«La pregunta es ¿por qué el sistema de justicia penal es tan favorable frente a delitos tan graves? ¿Por qué se argumenta que son menores de edad, para que queden impunes estos asesinatos?», cuestionó Aroldo Jiménez.

Rosa Isela Rivero cuestionó también la flexibilidad de las autoridades, al relatar que su hija Fátima Quintana, de 12 años, fue asesinada en febrero de 2015, en Lerma, Estado de México.

Los tres presuntos responsables, los hermanos Luis Ángel y Misael Ataide Reyes, y José Juan N., estaban drogados al momento de violarla y dañarla con decenas de heridas punzo cortantes, arrancarle un ojo y romperle la dentadura.

Fueron detenidos por el pueblo que quería lincharlos, pero los padres de Fátima pidieron los entregaran a las autoridades. Sólo los hermanos fueron sentenciados a cinco años de prisión, «y el que maquinó la violación y feminicidio, fue puesto en libertad por la juez Jeannette Patiño, tras la intervención del Colegio Sierra Nevada».

Rosa Isela y su familia fueron desplazadas del Estado de México, porque se encuentran amenazados de muerte.