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CIUDAD DE MÉXICO., 11 de abril de 2018.- Inversionistas minoritarios de OHL denunciaron que el valor de sus acciones de la compañía española han venido a la baja debido a la forma como la que un candidato a diputado federal del PAN ha venido dañando su imagen con acusaciones falsas.
Eduardo del Rio, abogado de un grupo de accionistas, dijo que por la campaña mediática de descrédito que mantiene desde hace cuatro años Paulo Diez Gargari, a quien el aspirante presidencial Ricardo Anaya ha hecho candidato a diputado federal plurinominal en el proceso electoral de este año, la cotización de las acciones ha perdido valor.
«Justo en un momento en que a mis representados le conviene la estabilidad para poder aceptar la oferta de compra de las acciones de OHL México, que ha hecho un fondo australiano, el señor Diez Gargari usa el tema para su campaña sin importarle que sigue afectando la cotización», expuso.
Expresó que los inversionistas han visto pasar el valor de sus acciones de los 32 a 27 pesos tan sólo en la última semana, derivada de la campaña mediática de desprestigio emprendida por Diez Gargari, no sólo contra OHL sino contra la empresa que está comprando sus acciones.
«Es una afectación que un candidato está haciendo de manera irresponsable, y se está afectando a una empresa pública que cotiza en la Bolsa, eso es un delito», advirtió el abogado al tiempo de indicar que Ricardo Anaya debe estar consciente del daño que ocasiona a la inversión privada, la campaña de desprestigio contra OHL.
Diez Gargari es abogado de Infraiber, la empresa que desde hace cuatro años ha acusado a OHL de presuntos actos de corrupción. La empresa española ha contrademandado al representante legal y al dueño de Infraiber, Pedro Topete, por la vía civil y la penal, porque afirma que en el fondo de estos señalamientos existe un intento de extorsión.
Infraiber responsabiliza a OHL de perder un contrato millonario valuado en cuatro mil millones de pesos en el Estado de México, que recibió apenas tres meses después de haberse constituido, para auditar el flujo vehicular en las autopistas concesionadas de esa entidad.
La empresa española ha sostenido que la rescisión del contrato fue una decisión del gobierno mexiquense, y que no ha tenido nada que ver, pero desde esos hechos, Paulo Diez y Pedro Topete han mantenido una campaña de desprestigio contra la compañía ibérica.