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CIUDAD DE MÉXICO, 12 de julio de 2018.- La lentitud con que avanza la armonización de las Constituciones locales en materia de derechos humanos –que registran progreso de 88.8 por ciento a nivel nacional (31 estados y la Ciudad de México)— hizo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortara a los Congresos locales a culminar los trabajos para que a la brevedad estas prerrogativas estén protegidas por igual en cualquier parte del territorio nacional.
A siete años de la Reforma Constitucional de 2011 en la materia, únicamente 16 entidades federativas tienen el 100 por ciento en la armonización constitucional, incluyendo las 11 disposiciones normativas: Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.
De acuerdo a un comunicado de la CNDH, las cuatro entidades federativas cuyas constituciones cuentan con el menor avance de armonización son: Sonora (36.4 por ciento), Chihuahua (36.4 por ciento), Chiapas (54.5 por ciento) y Morelos (63.6 por ciento).
Estos resultados fueron obtenidos por la CNDH a través del estudio de seguimiento a la armonización legislativa denominado “Constituciones estatales frente a la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011”, cuya tercera edición puede consultarse en la página web del Organismo Nacional, a través de la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos.
La primera edición se divulgó en junio de 2016, obteniéndose 83.1% de avance nacional, y la segunda en abril de 2017, en que se logró 87.4%, por lo que el seguimiento en esa materia se extiende con la tercera edición a tres años, observándose lento avance que, aunque se estima sustancial en estos esfuerzos, se subraya que el proceso aún no ha concluido.
Ante estos datos que muestran un avance en el grado de armonización en materia de derechos humanos en todas las entidades federativas, la CNDH advierte que no basta con tener buenas leyes, sino que deben materializarse mediante su aplicación adecuada, sobre todo en materia de derechos humanos.
Si bien es cierto que las entidades federativas que cuentan con el 100% de avance ya cumplieron con el primer paso para la mejor protección de los derechos humanos, el Organismo Nacional subraya que la siguiente etapa es igualmente relevante, pues se trata de hacer valer ese marco jurídico y ampliarlo a la legislación secundaria para garantizar el efecto útil de las normas.
Los mandatos constitucionales conforme a los que la CNDH monitorea la armonización de las Constituciones locales en materia de derechos humanos son los principios pro persona, de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad, de progresividad y de interpretación conforme a los tratados internacionales, así como la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Asimismo, la prohibición de toda discriminación motivada por preferencias sexuales; la obligación del Estado de fomentar el respeto a los derechos humanos en la educación que imparta; la obligación del Estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, y la obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos en las Constituciones de las entidades federativas.
De ellos, el avance más lento se registra en relación con la obligación del Estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos como medio para lograr la reinserción social del sentenciado, respecto del cual se obtuvo 62.5% de avance en esta edición, cuando en la segunda se registró el 59.1% y en la primera 56.3%, de lo cual se deduce que lo alcanzado entre la primera y la tercera edición es de solo 6.2% a nivel nacional.
En relación con la Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales, destaca que el avance registrado entre la primera edición y la tercera es de 11.9%, ya que en la primera fue de 74.4% y en la tercera 86.3%.
Por el contrario, el avance más alto se registra en los mandatos de establecer el Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales y la obligación de Garantizar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas, acerca de los cuales en la tercera edición se registra el 100% a nivel nacional en ambos casos.
La fecha que se tomó como referencia para revisar las constituciones locales en el marco de la tercera edición de este estudio es la de 14 de mayo de 2018.
La Comisión Nacional reitera su preocupación por la situación de riesgo que enfrentan los derechos humanos para hacer efectivo su ejercicio y plena vigencia ante la falta de armonización legislativa, por lo que observará que se concluya este proceso en todo el territorio nacional.