Teléfono rojo/José Ureña
El país de los impunes
Primera escena: A Fernanda, adolescente de 15 años que se encontraba embarazada, ya se la había sentenciado su novio. «O abortas o te mato»… y la asesinó.
A principios del mes, la chica fue internada en un hospital del municipio de Comonfort, Puebla, luego de ser golpeada sin miramientos por su pareja sentimental, un muchacho de tan sólo 16 años de edad.
En la inconsciencia, la muchacha luchó por sobrevivir, pero después de varios días de agonizar, el 9 de julio presentó muerte cerebral y se le desconectó de los aparatos que la mantenían con vida. El presunto asesino sigue prófugo.
Segunda escena: Abraham Hernández González, integrante del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas en Oaxaca, estaba en su casa en la comunidad de Salchi, municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, cuando hombres armados, vestidos de militares, lo sacaron del inmueble para subirlo a una camioneta con placas RH-70-92, escoltada por motociclistas.
La policía local no hizo nada por localizarlo, a pesar de las denuncias presentadas por los familiares de Abraham. El cuerpo sin vida del defensor de derechos humanos fue localizado cinco horas después. A pesar de que se cuenta con datos para localizar el vehículo en donde fue raptado, de los asesinos nada se sabe.
Tercera escena: Al periodista José Guadalupe Chan Dzib, lo seguían sus asesinos cuando caminaba de camino a un bar. En el sitio abrieron una ráfaga de disparos para abatirlo.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio a conocer que cuenta con información de que el periodista del semanario digital Playa News Aquí y Ahora, de Quintana Roo, había recibido amenazas de desconocidos por algunas noticias publicadas, sin que se la haya brindado protección alguna.
El periodista fue asesinado el viernes 29 de junio, en vísperas de las elecciones y su homicidio se mantiene impune.
Es precisamente la impunidad la norma de gran parte de los delitos cometidos en México, no sólo de los homicidios, sino de toda clase de ilícitos, asaltos, robos en casas habitación, extorsión, fraude, secuestro, trata de personas. Impunidad por todos lados.
De acuerdo a cifras de la organización Impunidad Cero, en México la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de 1.4 por ciento.
Es decir, que la impunidad tiene un registro de casi 99 por ciento, así lo veo, cifra de vergüenza para todas las autoridades encargadas de velar por la seguridad de los mexicanos, desde el presidente Enrique Peña Nieto, hasta el más modesto agente del ministerio público, pasando por ministros de tribunales o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los datos y consideraciones de Impunidad Cero, en las que participa el especialista Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y el despacho Jurimetría, no dejan lugar a dudas, sólo 10 por ciento de personas encuestadas afirman tener confianza en un ministerio público.
En su documento Ranking de Procuradurías y Fiscalías Estatales 2018, Impunidad Cero menciona que 53 por ciento de las sanciones penales aplicadas en el país corresponden a una estadía de los delincuentes en prisión menor a los tres años, «lo que habla de una política criminal mal focalizada».
En materia de seguridad no hay ni para donde hacerse, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), indica que México es el cuarto país más impune a nivel global. Con una calificación de 69.2 puntos está a la cabeza de las naciones impunes de América, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2018.
El estudio de la UDLAP subraya que el Estado de México es la entidad en donde prevalece más la impunidad, con una calificación de 80 por ciento de delitos que se quedan sin castigo y le siguen en orden descendente: Tamaulipas (78.8 por ciento), Baja California (78 por ciento), Coahuila (77.8 por ciento) y Quintana Roo (77.3 por ciento).
En el Estado de México, de 202 mil 205 carpetas de investigación que se abrieron, sólo hubo mil 209 sentenciados en primera instancia; es decir, sólo un raquítico 0.59 por ciento del total, además de que esa entidad es la segunda en el país con mayor número de ilícitos no denunciados.
Y ni qué decir de los estados ‘campeones’ en impunidad en lo referente a castigo de homicidios: Tamaulipas, con 0.1 por ciento de estos delitos que se sentencian; Tabasco, con 2.2 por ciento y Michoacán, con 4.6 por ciento.
Las cifras de estas dos instituciones no hacen más que confirmar con datos, lo que vemos todos los días: México es el país de la impunidad. Eso es lo que han construido las autoridades, porque la impunidad es un negocio, han edificado una nación en la cual los cínicos no tienen castigo, sin importar los delitos que hayan cometido por más graves que sean. Observaremos si esto cambia o persiste en el próximo sexenio, observaremos y lo diremos.