Cerramos la etapa del institucionalismo neoliberal, considera Monreal
CIUDAD DE MÉXICO, 26 de noviembre de 2018.- En reunión extraordinaria, las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, avalaron en lo general la minuta que expide Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
En sesión, la presidenta de este órgano técnico legislativo Leonor Noyola Cervantes, del PRD, destacó que esta propuesta recoge aspectos importantes contenidos en el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes.
En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, se cumple con el principio de convencionalidad, establecido en el artículo Primero de la Constitución Política Mexicana.
La senadora perredista señaló que esta Ley es congruente con el amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la comunidad de Bacanuchi, en el estado de Sonora, contra la construcción de una presa de jales que opera en la mina de Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México.
La excomisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga, del PRI, coincidió con el senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, respecto a que se debe incluir a los sujetos de derechos y afromexicanos, quienes lamentó que viven en carencias precarias por lo que es necesario apoyarlos.
Antes de que se suba a tribuna, conminó a amparar a este sector de la población para que en el Decreto de Presupuesto para 2019 se adicione la palabra afromexicano, para ser transversal y pedir la opinión de las dependencias federales a este instituto que se está creando para obtener recursos.
La priista manifestó su preocupación con la propuesta establecida en el artículo 4º fracción XXXVI del proyecto de dictamen: “Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos, comunidades y municipios indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas para la implementación de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y sostenible”.
Consideró que con esto se viola la Constitución y el Federalismo, pues arguyó que los recursos caen dentro de los tres órdenes de gobierno y no existe la transferencias para las comunidades. Con esto, un municipio podría presentar una controversia y se tendría que modificar la Carta Magna.
La minuta indica la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que será un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México.
Este órgano será la autoridad en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas, que tiene por objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de este sector.
En sesión del 22 de noviembre pasado, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa con 403 a favor, una abstención y ningún voto en contra.