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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de enero de 2019.- El último candidato de la terna de los idóneos a Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, comparece ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores y fue el único en presentar un diagnóstico del estado que guarda la procuración de justicia en México.
En reunión de trabajo extraordinaria, apoyado con datos fidedignos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el aspirante propuesto por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, refirió que en México se cometen más de 33 millones de delitos al año.
De esta cifra, poco menos de dos millones son denunciados y de ellos, poco más de 200, son consignados y de ahí una buena parte obtienen una sentencia razonable.
El actual encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR) advirtió que el sistema de procuración de justicia se maneja dentro de un marco de impunidad de 99 por ciento de los delitos que se cometen.
«Esa es la realidad en la que nosotros tenemos que enfrentar el cambio de una estructura y una institución como es la nueva Fiscalía y lo que ha sido todo su antecedente de la Procuraduría General de la República”, indicó quien fuera miembro del Consejo Asesor para garantizar la Paz del Presidente.
La Fiscalía, otrora Procuraduría, tienen como función la defensa de los valores fundamentales del Estado. Sin embargo, al analizar el Código Penal Federal y todas las nuevas legislaciones de carácter federal en materia penal, el abogado consideró que la función ahora es la defensa del patrimonio, de la estabilidad, las estructuras y las instituciones del Estado mexicano.
En otros datos duros, Gertz Manero reveló que hay más de 300 mil averiguaciones y carpetas que están vivas en las estructuras del Ministerio Público federal, lo que representa un ejemplo claro de la injusticia que hay frente a las víctimas y los ofendidos.
Además, casi 100 mil mandamientos, entre órdenes de aprehensión y judiciales, no se han cumplido. De la institución responsable de defender al Estado, su patrimonio y a todos los mexicanos el 70 por ciento de sus asuntos son robos de tarjetas de crédito y de fluido eléctrico.
En su planteamiento de lógica jurídica, dio a conocer que más del 90 por ciento de todas las carpetas que se desahogan en este momento en el país se llevan a cabo en las delegaciones federales, las cuales no tienen un control verdadero ni un sistema de evaluación de resultados.
En una situación donde se defiende a las víctimas, en materia federal prácticamente no se ganan. “Ese es un mundo que nos obliga a tener una posición moderna, eficiente, de una rendición de cuentas clara, precisa en que la gente vuelva a tener confianza en la procuración de justicia”, subrayó.
El doctor en Derecho por la UNAM enfatizó que en la nueva institución que nacerá con la Fiscalía tiene un deber y una obligación de capacidad, control y operación.
“Debemos tener muy claro que cuando se inicia una carpeta de investigación se inicia una responsabilidad frente a una víctima u ofendido”, expuso en materia de procuración de justicia.
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