Comisión sobre Ayotzinapa busca que CIDH y ONU aún intervengan

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de enero de 2019.- Celebran la primera sesión de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas y una comisión de padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, así como sus representantes.

En la sesión estuvieron presentes también representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera y de Relaciones Exteriores (SRE), Christopher Ballinis Valdés.

Durante la sesión, añadió Segob en un comunicado, la Comisión comenzó a materializar las primeras actividades de su mandato.

Entre otras cuestiones, se analizó el plan de atención médica y de salud para las familias, como una confirmación de que la Comisión pondrá en el centro a las víctimas, a partir del 24 de enero, los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa recibirán asistencia médica

Se acordó que Alejandro Encinas, presidente de la comisión, buscará al recientemente designado fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para establecer la coordinación necesaria entre la investigación penal y los trabajos de la Comisión.

También que el subsecretario buscará al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para informar directamente al Poder Judicial de la Federación el inicio de los trabajos de la Comisión.

Los integrantes de la Comisión analizaron la profundización de la asistencia técnica en el caso, acordando una posición conjunta para lograr que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Oficina de la ONU en México continúen contribuyendo en el caso.

Además, se presentó una propuesta de lineamientos para la Comisión, se analizó su página de internet oficial y se definió su calendario de reuniones para los meses siguientes.

La próxima sesión quedó convocada para 2 de febrero. La Comisión Presidencial es un mecanismo de coordinación, creado para llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa, asegurando que toda la administración pública federal contribuya a ese objetivo, tal y como lo instruyó el presidente López Obrador en su decreto publicado el 4 de diciembre de 2018.