Denuncia oposición que Morena legisla por medio de fe de erratas
CIUDAD DE MÉXICO, 5 de marzo de 2019.- Con la adición del Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, denominado De la Garantía de Audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas, se podrá otorgar audiencia a solicitud de interesados para que, dentro de un plazo de 10 días hábiles, acudan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a ofrecer pruebas y formular alegatos en su favor.
En sesión de este martes, el Pleno del Senado de la República aprobó con 64 votos en favor, 36 en contra y cuatro abstenciones el dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda.
Los senadores determinaron que es necesario precisar en la ley un procedimiento específico, a cargo de la SHCP, que establezca cómo podrá introducir a un individuo en la lista de personas bloqueadas como medida cautelar.
La dependencia federal puede realizar esta acción cuando cuenta con indicios suficientes de que una persona está relacionada con delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El dictamen señala que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dentro de los 15 días hábiles siguientes, deberá emitir la resolución administrativa en la que fundamentará la inclusión del interesado a la lista de personas con recursos bloqueados, y si procede o no su eliminación de la lista.
En términos de la Ley Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución, Hacienda podrá promover la extinción de dominio de los recursos bloqueados. La reforma establece que caso de que haya inconformidad por la resolución, se podrá impugnar en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera, señaló que es importante establecer mecanismos legales que favorezcan la detección, prevención y bloqueo de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues consideró que vulneran y pervierten al sistema financiero del país.
En diciembre de 2014, la UIF inició el congelamiento administrativo de las cuentas de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas. Fueron congeladas dos mil 56 cuentas, de las cuales dos mil 20 eran bancarias.
Estas designaciones en la lista se relacionaron con el tráfico de drogas, corrupción, grupos de delincuencia organizada y delitos fiscales.
La senadora del PRI, Vanessa Rubio, aseguró que su bancada estaba de acuerdo en que se realice un ataque frontal a la corrupción, al lavado de dinero y al desvío de recursos.
La exsubsecretaria de Hacienda también alertó que es importante garantizar y respetar los derechos de las personas, para no ser violentados en su propiedad, recursos e integridad.