Dejan en prisión a Marilyn Cote, acusada de psiquiatra falsa
CIUDAD DE MÉXICO, 15 de marzo de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) exhortan a la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer los recursos legales correspondientes para combatir la sentencia judicial emitida el pasado 8 de marzo mediante la cual se exoneró a 21 personas, entre ellas ocho del servicio público, del delito de delincuencia organizada por los hechos ocurridos en Tierra Blanca, Veracruz el 11 de enero de 2016, cuando policías estales, en colusión con el crimen organizado, de acuerdo con la investigación ministerial, desaparecieron y posteriormente ejecutaron a cinco jóvenes.
La CNDH y la CEAV expresan en un comunicado su preocupación porque asuntos tan sensibles como éste pongan en entredicho la justicia mexicana, ya que persiste la impunidad en el caso, y consideran la posibilidad de que no se hayan aportado los elementos suficientes de convicción para establecer la responsabilidad de las personas del servicio público imputadas, lo que podría traducirse en violación al derecho humano a la verdad en agravio de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad.
Para la CNDH, el sistema de justicia penal acusatorio demanda la participación de personal ministerial debidamente capacitado y capaz de fundar y motivar ante el juez sus demandas contra las personas imputadas de delito, así como presentarle los resultados de sus investigaciones profesionales y científicas, que no dejen de lado línea alguna ni generen dudas que permitan a los probables responsables quedar exonerados y recuperar su libertad.
Para ello, deben implementarse políticas públicas dirigidas a incrementar la autonomía, la profesionalización, la capacitación y la supervisión de las autoridades ministeriales, dotándoles de los protocolos y recursos necesarios para el desarrollo de su labor, así como a la conformación de servicios periciales robustos e independientes.
Al señalar que dichas personas enfrentan también procesos por desaparición forzada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, CNDH y CEAV llaman a la Fiscalía General de esa entidad federativa a realizar las diligencias necesarias para que dichos procesos se mantengan de manera sólida y se asegure que las investigaciones cuenten con elementos de prueba idóneos para obtener las condenas respectivas.
Ante la exigencia de las familias de las víctimas, ambas instancias nacionales subrayan que les asiste el derecho a una investigación pronta y efectiva que lleve al esclarecimiento de los hechos y sanción de las personas responsables de las conductas delictivas cometidas en su agravio y, en consecuencia, a la reparación del daño, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 de la Constitución General y 18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley General de Víctimas.
Recordaron que el pasado 4 marzo se llevó a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública a las familias de los cinco jóvenes desaparecidos, en el que se enfatizaron los pendientes respecto de la justicia y se formularon compromisos relevantes para vigilar los procesos penales contra las personas detenidas.