Gabinete aseguró a 5 mil 344 migrantes en un día
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de marzo de 2019.- A poco más de un mes de haberse instalado en un campamento, un grupo de desplazados de comunidades de Guerrero lograron un acuerdo con el Gobierno federal para que les brinde seguridad ante las amenazas de robos y violencia impuestas por el crimen organizado.
Durante parte de febrero y prácticamente todo marzo, han estado a los costados de la Puerta Mariana del recinto gubernamental ubicado en el Zócalo capitalino, y este jueves comenzaron a levantar sus hogares improvisados en casas de campaña.
El primer acuerdo “que es el más importante de las familias”, según explicó uno de los desplazados del municipio de Leonardo Bravo, es que se instalen tres puntos de revisión que conducen hacia la Sierra de Guerrero y la ciudad de Chilpancingo, la capital del estado, que es por donde prevén pueden ingresar los grupos armados.
Para tener la calidad en el Registro Nacional de Víctimas, 75 familias formalizaron sus denuncias por comprobar que fueron robadas sus pertenencias en sus hogares.
Estas familias, desde el pasado domingo 17 de febrero, decidieron instalarse en la Ciudad de México para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador seguridad para poder regresar a su casa en sus poblaciones de origen.
Con promesa de seguridad, vuelven a casa luego de 38 días
Tras pasar 38 días acampando a las afueras del Palacio Nacional, alrededor de 200 personas desplazadas de sus comunidades en el estado de Guerrero, comenzaron el regreso a casa con la promesa de recuperar su seguridad.
Los desplazados iniciaron aproximadamente a las 5 horas de este jueves, a recoger sus pertenencias para emprender el regreso a casa, la cual abandonaron por la presencia de elementos de grupos delictivos, poniendo en riesgo su seguridad.
Durante el tiempo que pasaron viviendo a las afueras del Palacio Nacional, los desplazados solicitaban una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para exigir que regresara la tranquilidad a sus comunidades y fueran expulsados los grupos delictivos, que no les permitía laborar y les quitaban lo poco que tenían.
Sin embargo y aunque no se reunieron con el Presidente de México, recibieron asesoría de autoridades federales, quienes se comprometieron a apoyarlos brindándoles seguridad y bienestar en sus comunidades de la parte alta de Guerrero.
Por último, las personas que ahora regresan a sus comunidades con la promesa de que tendrán seguridad, esperan que el Gobierno federal cumpla con su palabra, además de apoyarlos con servicios médicos y educación que, aseguran, bastante falta les hace.