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CIUDAD DE MÉXICO, 8 de abril de 2019.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 423 votos a favor, modificaciones a los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que los servidores públicos sean sancionados por violaciones a las leyes electorales, específicamente por hacer uso de recursos públicos.
El dictamen, que surgió de una iniciativa presentada por el morenista Pablo Gómez durante este segundo período, se turnó al Senado de la República para su análisis y ratificación.
El documento surgió de una iniciativa presentada por el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) durante este periodo ordinario de sesiones, y dictaminada en la Comisión de Gobernación y Población, presidida por la diputada Rocío Barrera Badillo (Morena).
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población en San Lázaro, la también morenista Rocío Barrera explicó que se incorpora a los servidores públicos al catálogo de sujetos que pueden ser sancionados por violación a las leyes electorales.
Asimismo, señala que independientemente de las sanciones electorales que se impongan a los servidores públicos, estos estarán sujetos a las responsabilidades administrativas y penales que se deriven de sus acciones.
“Esta reforma fortalecerá las acciones que promuevan la cultura de la legalidad en el servicio público, haciendo sancionables aquellas conductas, no solo contrarias a la ética y la honestidad que deben distinguir el actuar de todo funcionario, sino las que resultan de manera verificada en violaciones abiertas o las normas electorales”, aseveró.
Señaló que se busca que los servidores públicos mantengan principios como la honestidad, integridad e imparcialidad, por lo que, las conductas que salgan de este marco, dijo, deben ser sancionadas por las vías en las que se genere responsabilidad.