Suspensión de orden de aprehensión contra Yunes, por amparo: Cuitláhuac
CIUDAD DE MÉXICO, 11 de abril de 2019.- El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.
Con 106 votos, uno en contra y cero abstenciones, los senadores avalaron dicha ley a fin de establecer las bases para la instrumentación de acciones y programas que las dependencias de administración pública federal deberán implementar para fomentar la confianza ciudadana, otorgando beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales.
La propuesta contempla también la creación de un Padrón Único de Confianza con el propósito de capturar, almacenar, custodiar, consultar, administrar y transmitir información concerniente a los contribuyentes que podrán ser beneficiarios de los programas.
Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron reservas a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16 del dictamen. Aunque los panistas votaron a favor, señalaron que la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana es meramente federal y no atiende a los estados y municipios, que es donde se presentan el mayor número de molestias.
El autor de la iniciativa, el senador Ricardo Monreal, de Morena, consideró en tribuna que esta Ley debería lograr la unanimidad en el Senado de la República debido a que pretende generar confianza en la ciudadanía.
El morenista subrayó que la Ley intenta eliminar a los inspectores y supervisores que acosan a los pequeños y medianos empresarios, es decir, pretende combatir los actos de molestia que sufren los ciudadanos por parte de instituciones gubernamentales, así como la extorsión de los inspectores que laboran en la vía pública.
Aclaró que en la propuesta existen convenios de colaboración entre la Secretaría de Economía y las entidades federativas.
De acuerdo al documento, el esquema basado en la confianza en el sector privado impulsará la actividad económica, puesto que es un esquema de responsabilidad compartida con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Esto, subraya que repercutirá positivamente en el crecimiento económico ante el cumplimiento de las obligaciones reguladoras y fiscales de las personas inscritas en el Padrón que realiza una actividad económica a cambio de la obtención de beneficios y facilidades administrativas.